Desde el 1 de diciembre 2016 hasta el 15 de febrero 2017
Land Portal y Anacaonas (un proyecto de Sula Batsu Cooperativa de gestión del conocimiento sobre género en América Latina y el Caribe) están trabajando juntos para movilizar conocimientos alrededor de Género y derechos a la tierra en América Latina y el Caribe.
Convidamos as organizações, entidades, movimentos, grupos e pessoas com experiência ou interesse no tema para contribuir com a discussão que tem o objetivo de entender melhor / sistematizar os diferentes tipos de conflitos fundiários urbanos, os desafios e oportunidades para superá-los e as boas práticas e ferramentas inovadoras que têm sido utilizadas para ação informada, prevenção e mediação dos conflitos no Brasil e na região América Latina e Caribe.
En América Latina y Caribe (ALC), millones de personas no tienen acceso a suelo adecuado para vivienda o viven sin seguridad de tenencia, con el temor constante de desalojos, reubicaciones injustificadas, y expulsiones sistemáticas por presiones del mercado. Los conflictos de suelo son elemento clave de la agenda de incidencia de los defensores del derecho humano a una vivienda adecuada.
De manera general, la mayoría de las tierras rurales en el mundo han estado en manos de comunidades campesinas locales y pueblos indígenas bajo sistemas consuetudinarios de tenencia de tierras; aunque históricamente la propiedad agraria en zonas rurales, con los recursos naturales contenidos en ella, ha sido motivo de tensión entre diversos actores con formas diferentes de comprender y asumir la propiedad. En esta pugna de intereses, normalmente las comunidades campesinas e indígenas con formas colectivas de propiedad, han salido perdiendo.
Generally, most rural land in the world has been in the hands of local peasant communities and indigenous peoples under customary land tenure systems; historically although, land ownership in rural areas, and natural resources contained in it, have been a source of tension between different actors with different ways to understand and take ownership. In this conflict of interest, usually rural and indigenous communities with collective forms of property, have lost out.