Extractivismo: minería en comunidades agrícolas y seguridad alimentaria | Land Portal

Por: Roxana Liendo

 

Vivir de la exportación de materias primas ha sido el sino del que Bolivia no logra librarse. Pese a tener una gran extensión, múltiples pisos ecológicos y poca población, no logramos encontrar la forma de utilizar nuestros recursos naturales de manera que generen bienestar, impulsen las potencialidades humanas y seamos un país mejor. En la anterior década, el país tuvo grandes ingresos al Tesoro General de la Nación (TGN) debido a los altos precios internacionales del gas y los minerales, que no fueron destinados a la industrialización o a alternativas productivas más sostenibles y mucho menos a impulsar la agricultura familiar, que es la que garantiza la provisión de alimentos para la mesa familiar. El excedente petrolero y de exportaciones mineras fue mal utilizado, sin pensar en diversificar la economía.

La historia de nuestro país ha estado marcada por los ciclos de las materias primas: la plata, el estaño, el gas, el zinc, la soya, ahora el oro y tal vez a futuro el litio. La mayor parte de nuestras exportaciones está constituida por recursos mineros. El año 2022 el oro fue el principal metal de exportación; se lo extrae, sobre todo, en la región de Yungas y del Madre de Dios. Le siguen como principales minerales de exportación, el zinc, la plata, el plomo y el estaño, producidos en la parte andina del país, compartiendo territorios campesinos donde la agricultura familiar produce tubérculos, hortalizas y frutas en gran variedad.

De acuerdo con diversos estudios, la agricultura familiar en altiplano, valles y en algunas regiones tropicales produce entre 150 y 287 productos diferentes entre tubérculos, hortalizas, frutas y forraje, mostrando una agricultura muy diversa y sostenible. Un estudio de CIPCA (2019) resalta que la agricultura familiar provee el 96% de los 39 productos de la dieta alimentaria básica en Bolivia. Una fuerte competencia viene de importaciones y de contrabando que han mantenido baja la inflación en el rubro de alimentos, pero a la vez generan bajos ingresos para los productores.

Según Fundación Jubileo (2019), la pobreza moderada rural afecta a 53,9% de la población y la pobreza extrema rural a 34,6%. En cambio, en el área urbana, la pobreza moderada alcanza a 26,1% y la pobreza extrema a 7,2%, según cifras oficiales a 2018. A pesar de ello, según el Censo Nacional Agropecuario (2013), en Bolivia, 2.558.917 personas de ocho años o más de edad se declaran parte de una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), desde un sistema de agricultura familiar que involucra a la pareja, hijos y parientes. De los cerca de 6 millones de personas que componen la Población Económicamente Activa, la agricultura ocupa el segundo lugar de actividad declarada después de comercio y servicios. Casi uno de cada tres bolivianos (29,4%) declara ser agricultor. El primer lugar lo ocupa con 48,6% el sector comercio y servicios.

Sin embargo, a pesar de la importancia de la producción agrícola familiar, Bolivia no ha logrado cambiar el peso relativo del sector agropecuario en el PIB. La producción agrícola, no exportable, no presenta incrementos sustanciales y tiene rendimientos que se sitúan entre los más bajos de la región. El siguiente gráfico muestra el estancamiento en la producción de los principales productos alimenticios que provienen de la agricultura familiar, mientras que el sector que crece dinámicamente es el agroindustrial.

Entre los que crecen dentro del grupo de cereales, destacan el maíz en grano y el sorgo, mientras que la quinua presenta una fuerte disminución; en oleaginosas e industriales, además de la soya, crece fuertemente la producción de caña de azúcar, que tiene como uno de sus fines la producción de agrocombustibles como el etanol.

La producción de frutales, hortalizas y tubérculos muestra ligero crecimiento, sobre todo de los productos más comerciales. Esta tendencia pone en peligro la seguridad alimentaria de la población boliviana pues no acompaña el crecimiento demográfico; estamos produciendo casi la misma cantidad de alimentos para una población que ha pasado de 10.356.978 personas según el Censo 2012, a algo más de 12.006.031 proyectados para el año 2022 por el INE.

En una década la población boliviana ha aumentado en 15.9% y los alimentos básicos, por ejemplo, el arroz ha crecido en este lapso 12%, haba 10.6%, arveja 5.3%, yuca 0.12% y oca 1,4%; entre los que aumentan está el banano 17% y la papa 27,8%. Esta producción continúa siendo estacional lo que provoca carestías temporales y aumentos del precio al consumidor.

Del lado de la oferta, en las regiones tradicionales donde se asienta la agricultura familiar, la producción enfrenta limitaciones climáticas, sobre todo de oferta de agua para riego y seguimos dependiendo de la lluvia, sufriendo también fuertes riesgos de helada, eventos climáticos cada vez más frecuentes. Estos dos factores hacen que la producción se concentre en determinado periodo del año, existiendo una sobre oferta estacional del producto con la consecuente baja de precios, lo que desmotiva la producción.

La migración campo – ciudad ha hecho que aparezcan empleos en el sector agropecuario tradicional que se caracterizan por su temporalidad, bajos ingresos y extrema precariedad. Por estas tres razones, la explotación de recursos mineros se presenta como una alternativa determinante para luchar contra la pobreza. En estas regiones aparecen cooperativas mineras basadas en la comunidad y surge una nueva categoría que son los agro-mineros, pobladores del territorio que son agricultores, cada vez a menor escala, una parte del año y, son mineros el resto del tiempo.

La minería como el “esplendor inútil”[1], el caso de Potosí

Tomando como ejemplo el caso del departamento de Potosí; según declaraciones de la Secretaría de Minas de la gobernación, el 85% de los municipios desarrolla labores mixtas entre agricultura y minería. Indicando que, de los 41 municipios existentes en el departamento de Potosí, en 34 se realizan actividades mineras, que significaron 994 millones de bolivianos por regalías mineras el año 2022.

Potosí es un departamento con múltiples pisos ecológicos donde la producción agrícola ha ido disminuyendo a la par que la minería se ha tornado predominante. Del 2015 al 2021, el grupo de cereales refleja una disminución de 7%, afectado por la disminución en la producción de quinua; en frutales todos los productos disminuyen o se mantienen estáticos; en hortalizas, es llamativa la disminución de la producción que hace a la alimentación de las familias campesinas como ser arveja, haba, así como en cebolla y zanahoria. En tubérculos y raíces se nota la rebaja en papa y oca, base fundamental de la alimentación en los Andes.

La pérdida de importancia de las actividades agrícolas va a la par del aumento en 7% de las regalías mineras el año 2022. En esa gestión el departamento de Potosí recibió Bs 848,4 millones, seguido por La Paz con Bs 347,8 millones y Oruro con Bs 114,5 millones”, según información del ministro de Minería y Metalurgia.

Estas regalías no están generando un efecto multiplicador en las regiones, ni sirven para apalancar una visión de desarrollo integral que favorezca a actividades económicas para cuando se acabe la veta. El incremento en los ingresos familiares rara vez se reinvierte en la agricultura.

Este es un indicador de cómo afecta la minería a la agricultura; la población se vuelca a actividades que pueden reducir la pobreza a corto plazo, impactando en el largo plazo a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad de sus medios de vida, impulsando a la migración, al vaciamiento rural y a un desarrollo desigual.

Actores populares, los agromineros en estos territorios están incrementando la vulnerabilidad de las familias dedicadas a la producción de alimentos a través de la contaminación de los recursos hídricos y suelos, la priorización de su uso para la minería y el cambio en el uso de suelos. Las personas dedicadas a la minería pueden comprar alimentos y lograr niveles de acumulación a costa del despojo de bienes comunes.

Lograr recursos económicos en el corto plazo no deja percibir que el apoyo al desarrollo agrícola constituye uno de los medios más importantes para poner fin a la pobreza extrema y lograr la seguridad alimentaria con soberanía; esperemos que el Censo Agropecuario se realice después del Censo Nacional de Población y Vivienda programado para el año próximo y que muestre estos cambios substanciales para poder planificar y proponer políticas públicas adecuadas no sólo para la producción de alimentos sino también para un desarrollo integral y sostenible.

[1] Prestado del libro presentado por Franz Flores Castro “El esplendor inútil, Potosí frente al estado boliviano”, 2023

 

Roxana Liendo B. es economista, experta en seguridad y soberanía alimentaria.

 

Blog publicado originalmente por F.Tierra 

 

 

 

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