Nigeria - Contexto y Gobernanza de la Tierra

En Nigeria, todos los ciudadanos tienen derecho a adquirir y poseer bienes inmuebles, mientras que toda la tierra es propiedad del gobierno federal[9]. Al sustituir formalmente la tenencia consuetudinaria, la Ley de Uso de la Tierra nacionalizó toda la tierra y limitó el tamaño de las propiedades. Un individuo puede poseer un máximo de 0,5 hectáreas de suelo estatal no urbanizado en zonas urbanas, hasta 500 hectáreas de suelo no urbano y no más de 5.000 hectáreas de pastos. En el ámbito estatal, los respectivos Gobernadores poseen la tierra en fideicomiso para el pueblo y tienen la autoridad principal sobre la tierra urbana, mientras que el gobierno local tiene la autoridad sobre toda la tierra no urbana. Sin embargo, está en manos del Gobernador la clasificación de los terrenos (no) urbanos y la revocación de los derechos en caso de interés público sobre los mismos.

La Ley de Uso de la Tierra se aprobó bajo el régimen militar en un esfuerzo por limitar el poder de las autoridades consuetudinarias del país. Anteriormente, la mayor parte de la tierra del país se consideraba propiedad comunitaria según el derecho consuetudinario. En el norte, por ejemplo, existía un sistema de propiedad libre en el que los líderes consuetudinarios actuaban como custodios y asignaban la tierra en forma de arrendamiento. Aunque en la actualidad existe una tendencia general a la individualización en el sistema de tenencia de la tierra en Nigeria, el derecho consuetudinario ha prevalecido incluso en las zonas urbanas. Los individuos tienen derechos de usufructo y pueden utilizar la tierra siempre que beneficie a la familia o a la comunidad. El sistema de tenencia consuetudinaria de la tierra en Nigeria ofrece un alto nivel de flexibilidad en cuanto a los alquileres y las prendas, por lo que puede adaptarse fácilmente a las circunstancias cambiantes. Los derechos formales de ocupación consuetudinarios son heredables, pero la tierra no puede venderse ni hipotecarse. En cambio, los derechos de ocupación legales sólo pueden dividirse con el consentimiento del Gobernador[10].   

Hay 14 pasos para registrar y obtener los derechos de ocupación consuetudinarios y estatutarios a través del gobierno local. El proceso es largo y costoso. Los pequeños propietarios pueden gastar más de una renta anual en el registro. Además, una vez expedido el certificado de ocupación (C de O), los terratenientes están obligados a pagar una renta o impuesto anual. Por consiguiente, aunque los propietarios conozcan la posibilidad de registrar sus tierras, se abstienen de hacerlo. El número de certificados de ocupación es bajo, a excepción de las zonas urbanas ricas. Según Prindex, los derechos de tenencia son percibidos como inseguros por casi una cuarta parte de la población en 2018[11].  

La mayor parte de la tierra en Nigeria se destina al arrendamiento. Junto con el Comité de Uso y Asignación de Tierras, los gobernadores son responsables de la asignación o revocación de tierras. Los derechos de ocupación legales son concedidos por el Gobernador por 99 años y pueden ser renovados. El Gobernador también determina la renta anual. El Comité de Uso y Asignación de Tierras concede derechos de ocupación consuetudinarios - sólo en zonas rurales - durante 50 años, que pueden renovarse por otros 50 años. Todos los titulares de certificados deben pagar impuestos anuales y no pueden transferir o subarrendar la tierra sin el consentimiento del Gobernador o del gobierno local. 

Las tierras consuetudinarias son asignadas por el cacique o el emirato, que también determinan las zonas comunales para la pesca, el pastoreo, etc. Por lo general, todos los miembros de una comunidad tienen derecho a utilizar (algunas) tierras y pueden presentar una solicitud a la autoridad consuetudinaria (y pagar un tributo). Diferentes individuos u hogares pueden tener derechos separados sobre una determinada parcela o sus recursos, que van desde usos puntuales, derechos a cosechar árboles frutales o de frutos secos, acceso para el pastoreo o la temporada de cultivo. Las personas ajenas a una comunidad, como los trabajadores migrantes, los refugiados o los pastores, no comparten los mismos derechos, aunque ya lleven mucho tiempo contribuyendo a la comunidad. O bien se casan con una familia local o un miembro de la comunidad debe responder por ellos[17]. Otra opción es el principio de la agricultura de arrendamiento, que se practica habitualmente. Esto permite a las familias o individuos cultivar tierras en otra comunidad, a menudo vecina. Asignados por el jefe de la aldea o el jefe de familia, los arrendatarios tienen que pagar un tributo periódico.

El sistema de administración de tierras en Nigeria crea varias oportunidades de corrupción por parte de los funcionarios del Estado. Además, como consecuencia del largo y costoso proceso de registro, la gran mayoría de las transacciones de tierras se producen en el vibrante mercado informal de tierras[18]. Especialmente las tierras consuetudinarias se transfieren y venden en su mayoría en el mercado informal. Esto ha provocado un aumento de los precios de la tierra, sobre todo en las zonas urbanas, y aumenta la inseguridad de la tenencia, ya que las transferencias subrepticias son habituales[19]. Las transferencias informales de tierras incluyen parcelas de tierra con o sin certificados de ocupación.

Los conflictos relacionados con la tierra, incluidas las confiscaciones para el desarrollo, están muy extendidos y a menudo se vuelven violentos. El Tribunal Superior es competente para las reclamaciones relacionadas con los derechos legales de ocupación y las cuestiones de indemnización, aunque no se puede impugnar su importe. Sin embargo, la mayoría de los nigerianos no confían en el sistema judicial formal debido a la corrupción endémica y a los largos retrasos. Los casos relativos a los derechos de ocupación consuetudinarios son competencia tanto de la jurisdicción formal como de la consuetudinaria, incluidos los tribunales de la sharia en el norte. 

La Constitución de Nigeria establece la igualdad de derechos a la tierra, al divorcio y a la herencia para hombres y mujeres[22]. Sin embargo, estos derechos se ven socavados en gran medida por el derecho consuetudinario, la sharia y las normas tradicionales de género[23]. A pesar de los decretos especiales que prevén los derechos de las mujeres y las viudas  a la tierra [24], la legislación sólo se aplica a los matrimonios registrados, mientras que la mayoría de los nigerianos se casan según el derecho consuetudinario o religioso. Especialmente las mujeres de las zonas rurales y de los matrimonios polígamos siguen estando en desventaja y excluidas. 

La tierra se hereda de forma patrilineal en toda Nigeria. Según las prácticas consuetudinarias, las mujeres son consideradas propiedad de sus cónyuges y, como tales, no tienen derecho a poseer tierras por sí mismas[25]. El sistema legal de la Sharia proporciona a las mujeres algunos derechos más. Las mujeres tienen derecho a poseer propiedades, tienen igualdad de acceso a los tribunales y también pueden heredar tierras: las hijas reciben la mitad de la parte que se da a los hijos y las viudas un cuarto o un octavo. Además, las mujeres suelen carecer de seguridad financiera y necesitan mantener buenas relaciones, por lo que en la mayoría de los casos ceden sus partes a los miembros masculinos de la familia. Algunos tribunales también ignoran las leyes vigentes[26]. Se han puesto en marcha varias iniciativas para promover la igualdad de género y reforzar los derechos de las mujeres sobre la tierra, como la Política Nacional de Género, pero su aplicación sigue siendo deficiente.

La Ley de Uso de la Tierra socava indirectamente la igualdad de género, ya que sólo el cabeza de familia puede registrar la tierra. Además, la propiedad de la tierra está vinculada a la capacidad financiera y a los procedimientos burocráticos, con los que las mujeres suelen estar menos familiarizadas[27]. En consecuencia, las mujeres rara vez son propietarias de tierras, por lo que son aún más vulnerables al desalojo y a los impactos adversos de las adquisiciones de tierras.

En colaboración con la Iniciativa de Política Agraria de África (Africa Land Policy Initiative), el Ministerio Federal de Obras, Energía y Vivienda (que alberga la Secretaría Nacional de las DVGT), y varios ministerios estatales de agricultura, desarrollo rural, medioambiente y recursos naturales, la FAO ha celebrado una serie de talleres para la aplicación de las DVGT. La FAO también ha proporcionado equipos informáticos para apoyar el proceso de registro, cartografiar las zonas de pastoreo y las reservas forestales. Se estableció una plataforma de múltiples partes interesadas para implementar las DVGT, con especial énfasis en la armonización de la legislación con la gestión de las tierras de pastoreo.

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