Extractivismo en Sudamérica, tres ejemplos | Land Portal

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Date of publication: 
Octubre 2015
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ISBN / Resource ID: 
IPDRS-Diálogos-159
Pages: 
7
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IPDRS

 
El autor describe tres proyectos emblemáticos en tres países, para mostrar los problemas del extractivismo en Sudamérica. Uno de ellos ya concluyó, otro fue interrumpido y un tercero está en plena operación. Pese a que se trata de procesos pasados, la descripción, sin embargo, sigue siendo válida como estudio de casos. De este texto, que mereció una mención en el concurso de Artículos, ensayos y fotografías el presente año, el Comité de Calificación destacó el esfuerzo por intentar una mirada regional sobre el tema, una preocupación permanente en las agendas de debate académico y político de la región.
Este artículo describe los impactos sobre los derechos humanos y al medio ambiente de tres proyectos clave en Sudamérica que tienen financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), con el propósito de mostrar la necesidad de impulsar la formulación, revisión y adecuada implementación de políticas sociales y ambientales en la región, incluyendo las de participación e información, cuyo cumplimiento sea requisito esencial para que BNDES apruebe e implemente éstos y futuros proyectos.
En Argentina, Proyecto Potasio Río Colorado
El año 2009, la minera brasileña Vale S.A. adquirió los activos para extraer sales de potasio propiedad de la Empresa Minera Multinacional “Río Tinto”, localizados en la ciudad de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, Argentina (Argentina: FARN, marzo 2013; http://www.farn.org.ar). La operación se llevó a cabo por 850 millones de dólares, e implicó la autorización para explotar 230 hectáreas. Con esa concesión, Vale S.A. crearía el proyecto Potasio Río Colorado, que incluía inversiones en una línea ferroviaria, donde se uniría el yacimiento de potasio con un planta de procesamiento y exportación (en fase de construcción), localizada en el puerto Ingeniero White, Bahía Blanca, Buenos Aires.
La adquisición de los activos de la mina de potasio Río Colorado por parte de Vale representó uno de los mayores movimientos corporativos en el proceso de integración comercial (extracción, procesamiento y transportación) de la minera brasileña, no solo como una estrategia que buscaba aprovechar la dependencia internacional de Brasil de fertilizantes (solamente en 2012 Brasil importó 93% de su consumo de potasio y fue el cuarto mayor consumidor mundial de fertilizantes), sino que Vale ha utilizado el boom de los agronegocios de Brasil y las subvenciones públicas del programa de biocombustibles como una poderosa herramienta para incrementar sus activos de fertilizantes.
En 2008 Vale obtuvo una línea de crédito de US$ 4300 millones, que constituía hasta ese momento el mayor financiamiento otorgado por el BNDES a una empresa privada. Y en 2010, la empresa invirtió US$ 6700 millones para comprar activos de la industria de fertilizantes en Argentina, Brasil, Perú, Mozambique y Canadá, inversiones que fueron financiadas (al menos parcialmente) por la línea de crédito otorgada por el BNDES en 2008.
El proyecto Potasio Río Colorado, actualmente suspendido, se encuentra enmarcado en la cuenca neuquina, en el extremo sur de la provincia de Mendoza y norte de Neuquén. El área de la cuenca abarca 4000 km y cuenta con un yacimiento rico en sales de potasio; fue administrado por Vale Fertilizantes S.A. (subsidiaria de Vale S.A.) y comprende todas las etapas de producción, industrialización y distribución de cloruro de potasio para su utilización como fertilizante natural para la agricultura. Una vez que el emprendimiento estuviera completo, Vale tenía previsto extraer 4,35 millones de toneladas anuales de cloruro de potasio que serían exportadas casi en su totalidad a Brasil.
Este proyecto incluía la construcción de una mina de potasio y planta de industrialización en el departamento mendocino de Malargüe, que hasta su paralización estaba a cargo del Consorcio Río Colorado, conformado por la brasileña Odebrecht y la argentina Techint”. También incluía la construcción de una vía férrea de 370 kilómetros entre Rincón de los Sauces (Neuquén) y Chichinales (Río Negro), y el reacondicionamiento de 500 km de la línea concesionada a Ferrosur ex Roca, entre Río Negro y Bahía Blanca, para transportar el fertilizante hasta las instalaciones portuarias ubicadas en Ingeniero White (Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires), que estaban siendo construidas por el grupo brasileño Andrade yamp; Gutiérrez. El año 2011 las inversiones estaban calculadas en US$ 150 millones. Idealmente, el objetivo de Vale y YPF era alcanzar una producción diaria de 1,5 millones de metros cúbicos de gas y destinar la mitad a la mina de potasio.
Los actores involucrados en el proyecto eran, por el ámbito estatal: el gobierno de Brasil, el BNDES, el gobierno de Argentina, el gobierno de la provincia de Mendoza, la Municipalidad de Malargüe (provincia de Mendoza), el gobierno de la provincia de Neuquén (provincia de Neuquén), la Municipalidad de Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén), el gobierno de la Provincia de Río Negro, la Municipalidad de Río Colorado (provincia de Río Negro), la Municipalidad de Chichinales (provincia de Río Negro), el gobierno de la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el ámbito del sector privado: Minera Vale, Oderbrecht, Techint, Camargo Correa, Andrade yamp; Gutiérrez, YPF, mientras que por la sociedad civil las comunidades afectadas son Malargüe (Mendoza), Neuquén (Rincón de los Sauces), Río Negro (Río Colorado y Chichinales), La Pampa y Buenos Aires (Bahía Blanca).
La oposición al proyecto tomó fuerza en Mendoza a partir de noviembre de 2007, mes en que se realizó en Malargüe una audiencia pública. Varias organizaciones sociales de las distintas provincias afectadas señalaron las irregularidades y los enormes pasivos ambientales que la puesta en marcha de este proyecto traería para la vida de los ciudadanos y el medio ambiente de Argentina. Entre los principales reclamos se encontraba la posible salinización del Río Colorado por el cloruro de sodio que el proyecto pretende depositar a 17 km del margen de este río.
Cabe destacar que el proyecto utiliza el método de disolución (bombeo de agua a temperaturas que pueden alcanzar los 70 grados centígrados) para extraer el cloruro de potasio, un mineral con un alto contenido de sodio. Se calcula que por cada tonelada de potasio extraída se producirán 1,2 toneladas de sodio, que serían almacenadas a perpetuidad en un depósito construido para tal fin. Además, cuando la mina estuviera en operaciones, se generarían 838.000 toneladas métricas de gases efecto invernadero anuales debido a la extracción de minerales.
En cuanto al uso del agua, el proyecto planteaba utilizar 86,4 millones de litros de agua diarios (un m3 por segundo), tomados del Río Colorado por un período que duraría cuarenta años. En el aspecto energético, cuando la mina alcance su punto máximo, podría consumir aproximadamente un millón de metros cúbicos de gas al día. Para cubrir esas cantidades, en diciembre de 2010 Vale firmó un acuerdo con la petrolera YPF para desarrollar un yacimiento de gas no convencional (shale gas) en la cuenca neuquina, con una concesión hasta 2027.
En el aspecto de electricidad, la mina consumiría aproximadamente 78 megavatios diarios, y para ello se instalarían nuevas líneas de transmisión de alta tensión, con una extensión aproximada de 120 km, que interconectarían el futuro sistema eléctrico (Línea de Extra Alta Tensión Comahue-Cuyo) con la planta industrial.
A la luz de estos datos, el Consejo Provincial del Ambiente, un órgano asesor de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza, integrante de la Comisión de Evaluación Interdisciplinaria Ambiental Minera, que participó del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Potasio Río Colorado, emitió en 2009 un Dictamen Sectorial,en el que concluía que el proyecto Potasio Río Colorado “debía rechazarse por el elevado consumo energético que la actividad demanda y por la falta de alternativas a la disposición del cloruro de sodio”; y que presentaba riesgos de contaminar el Río Colorado con el depósito de cloruro de sodio que ocuparía una superficie de 210 hectáreas, con una profundidad de 50 metros, lo cual era muy probable que afectara a las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, así como 150000 hectáreas dedicadas a la actividad productiva (consumo humano, riego, ganadería, usos recreativos y vida acuática).
En agosto de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación tomó nota de esta situación y, mediante la Resolución 108/10, recomendó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e inter jurisdiccional del emprendimiento minero Potasio Río Colorado.
En junio de 2011, las obras para la construcción del tren de carga que Vale había adquirido de la empresa Ferrosur Roca fueron objeto de una acción administrativa del juzgado municipal del Rincón de los Sauces. Los principales argumentos eran que el proyecto ferroviario no tenía un estudio sobre la vibración producida por las más de 5000 toneladas de carga diarias, y tenía poca “claridad y precisión” en cuanto a los efectos que traería la transportación de cloruro de potasio, maquinaria y otros contaminantes sobre la calidad del aire del Rincón de los Sauces.
La parte final del proyecto Potasio Río Colorado constituye una concesión de 35 hectáreas en el Puerto Ingeniero White, Bahía Blanca, en Buenos Aires, donde Vale estuvo edificando un almacén y un muelle de carga para la producción de potasio extraída de Argentina. Esa concesión fue firmada a finales de octubre de 2011, entre el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y la empresa Potasio Río Colorado S.A., y comprendía un período de cincuenta años que podría extenderse por un tiempo igual. Aunque Vale no es propiamente la que realiza el dragado en el Puerto Ingeniero White, se beneficia directamente de las obras, aun cuando para su edificación no se respeten las normas ambientales de Argentina (Pablo F. Petracci. Impacto Ambiental del Megaproyecto de Dragado en el Estudio de la Bahía Blanca. Fundación Nuestro Mar, Argentina, 2011).
Desde el inicio se especuló que en la construcción del proyecto se generarían 15.792 empleos anuales directos e indirectos (Inés Rivera, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Casos Paradigmáticos de Inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América– Proyecto Potasio Río Colorado,Ed. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú, 2014). Sin embargo, cuando Vale canceló intempestivamente el proyecto, en marzo de 2013, con casi el 45% de avance de las obras, había aproximadamente apenas 4000 trabajadores subcontratados por empresas como Techint, Odebrecht, Cartellone, Distrocuyo y Skanska, Chediack y Milicic (Roxana Badaloni. “Los trabajadores de Vale llegaron a un acuerdo por los despidos”. Abril de 2013, edición electrónica. http://www.clarin.com/politica/trabajadores-Vale-llegaron-acuerdo-despid.... html).
Aun cuando el caso Potasio Rio Colorado ha sido tratado por una variedad de medios de comunicación argentinos e internacionales, cuando se intentó conocer en la página del BNDES si este proyecto había sido financiado por el Banco, no había información que corroborara el hecho. Pero, entre 2008 y 2012, sobresale una línea de crédito de US$ 4300 millones que el Banco asignó a la minera a finales de 2008. Un año después, Vale adquirió los activos de Río Tinto en Argentina y Brasil, que incluían el proyecto Potasio Río Colorado, por lo que se puede inferir que una parte de ese préstamo, si no la totalidad, fue utilizado por Vale para adquirir el proyecto Potasio Río Colorado en Argentina.
Por tanto, las relaciones entre Vale y el BNDES se observan en varias dimensiones. El Banco es accionista de Vale a través del BNDES Participações S.A., que controla 5,58% de las acciones de Vale. Además, como el BNDES es una entidad pública del gobierno de Brasil, también posee 12 Acciones Oro (Golden Shares), que le dan poder de vetar las acciones de Vale. Lo anterior nos indica que el BNDES posee responsabilidades en torno al funcionamiento de Vale en Argentina.
A pesar de las barreras para saber si el BNDES financió el proyecto Potasio Río Colorado, al analizar los préstamos que Vale obtuvo en 2008 del Banco se encuentra una línea de crédito por US$ 4300 millones. Ese préstamo coincide con la reestructuración corporativa de la minera, la cual incluyó la compra de activos de sus competidoras, como los activos de Río Tinto en Brasil y Argentina. Lo anterior nos lleva a inferir que una parte importante, si no la totalidad del préstamo que el BNDES asignó a Vale en 2008, se utilizó para adquirir el proyecto Potasio Río Colorado.
En marzo de 2013, el emprendimiento se suspendió. Según Vale, esa suspensión se debe a que los fundamentos económicos del proyecto no están alineados con el compromiso de Vale con la disciplina en el destino de capital y la creación de valor, y que, sin las exenciones impositivas que fueron solicitadas al gobierno argentino, el costo del proyecto se elevaría en un 86%, lo que lo hace inviable.Sin perjuicio de ello, Vale estaría por retomar el proyecto y, en ese sentido, estaría negociando con el gobierno de Argentina para encontrar una solución al conflicto que derivó en su paralización.
En Brasil, Proyecto Fosfértil en Ubaraba, Minas Gerais
Fertilizantes Fosfatados S.A. (Fosfértil) es una de las unidades productivas de fosfatos de Vale Fertilizantes S.A., que se localiza en la ciudad de Ubaraba, estado de Minas Gerais, en Brasil. Su capacidad productiva anual es de 1.915.000 toneladas de ácido sulfúrico, 675000 toneladas de ácido fosfórico, 48000 toneladas de ácido fluosilícico, 960000 toneladas de fosfato de monoamonio, 1355000 toneladas de superfosfato triplo (TSP4), y 280000 toneladas de superfosfato simples (SSP).
Entre 2010 y 2012, el BNDES financió a Vale con US$ 197,21 millones para la expansión de su producción de ácido fosfórico y ácido sulfúrico de sus unidades de Minas Gerais. Actualmente, el proyecto ya concluyó, pero el pasivo ambiental y social generado por este emprendimiento continúa sin ser corregido.
Los actores involucrados, por el Estado fueron el BNDES, el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Ministerio Público Federal, el gobierno de Minas Gerais, la Fundación Estatal de Medio Ambiente de Minas Gerais (FEAM) y el Instituto Mineiro de Gestión das Aguas (IGAM). Por el sector privado: Vale Fertilizantes en su Unidad Fosfértil y por la sociedad civil el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica (STIQUIFAR).
En 2009, Vale destinó US$ 6 700 millones para financiar adquisiciones de fertilizantes en Argentina, Brasil, Canadá, Perú y Mozambique. Brasil es el cuarto mayor consumidor de fertilizantes en el mundo y responsable por el 2% de la producción mundial, exportando el 91% del potasio y el 51% de fosfatos. En repetidas ocasiones, Vale ha utilizado el Programa Brasileiro de Biocombustibles, financiado por el BNDES, para aumentar su producción de fertilizantes, dentro de la estrategia de Brasil de catapultarse como el mayor productor de etanol del mundo.
Entre 2010 y 2012, siguiendo los lineamientos del Brasileiro de Biocombustibles, el BNDES financió a Vale con alrededor de US$ 197,21 millones para la expansión de su producción de ácido fosfórico y ácido sulfúrico de sus unidades de Minas Gerais, Brasil. Ese mismo año, Vale compró los activos de fertilizantes que el grupo Bunge poseía en Brasil por US$ 3800 millones. Alrededor de US$ 1650 millones se destinaron a la compra de minas de extracción de fosfato y el restante (aproximadamente US$ 2150 millones) fueron utilizados para comprar el 100% del capital de Fertilizantes Fosfatados S.A., que incluían tres minas de fosfatos: Tapira, Patos de Minas y Araxá, todas en el estado de Minas Gerais.
Cuando Vale compró Fosfértil, también se hizo de un enorme pasivo ambiental de 120 hectáreas de fosfatos con 57 metros de alto que reconoce como “[…] supuestos problemas ambientales que han generado acciones judiciales” (Vale S.A. Relatório de Sustentabilidade 2010. http://www.vale.com/PT/aboutvale/sustainability/links/ LinksDownloadsDocuments/ Relat%C3%B3rio_Sustentabilidade_Port_2010.pdf -consultada 20 de marzo de 2013- ).
En 2009, el STIQUIFAR inició un proceso judicial ante el Ministerio Público de Minas Gerais, donde denuncia la contaminación de Fosfértil sobre los trabajadores de este emprendimiento, los pobladores de la ciudad de Uberaba y posiblemente el acuífero Guaraní. Como consecuencia, en 2011 el Instituto Mineiro de Gestión das Aguas realizó un estudio con el que corroboró que Fosfértil filtra a los ríos de Uberaba (Grande, Gamero y Conquistinha) un relave conocido como fosfoyeso, que ha incrementado por 1.280% los niveles de fósforo permitidos. El fosfoyeso produce ácido sulfúrico, ácido fosfático y elementos radiactivos como el torio y uranio10.
Otro hallazgo fue realizado por el Ministerio Público Federal, que constató la filtración de ácido sulfúrico hacia la laguna localizada a un lado del Río Grande. El Ministerio fijó responsabilidades jurídicas al IBAMA y a la Fundación Estatal de Medio Ambiente de Minas Gerais por no haber realizado la fiscalización necesaria para evitar derrames y filtraciones de los pasivos que Fosfértil produce en aguas superficiales y subterráneas. Hasta finales de 2012, Vale no había realizado alguna acción para corregir ese pasivo.
Aunque Vale no fue la empresa que generó el pasivo ambiental en la ciudad de Ubaraba, desde que la minera se hizo cargo de Fosfértil no se ha corregido la contaminación de los mantos acuíferos de Ubaraba y la posible contaminación del acuífero Guaraní. Los impactos ambientales de Vale en Mineras Gerais son aún mayores, debido a que plantea inaugurar la nueva mina Apolo (mayor que cualquiera de las minas de Carajás), en la sierra del Gandarela, región metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. La sierra del Gandarela constituye la última parte intacta del cuadrilátero de hierro que no ha sido explotada, y en ella hay recursos acuíferos para cinco millones de habitantes que podrían verse comprometidos con las nuevas actividades.
Aunque no hay una relación directa entre el dinero que el BNDES destinó para financiar la producción de ácidos de Vale y la compra de los activos de Bunge en Brasil, es muy probable que la minera utilizara la totalidad de los préstamos del BNDES para consolidar los activos de fertilizantes en Minas Gerais. BNDES y Vale no poseen un registro que indique en qué fueron utilizados los financiamientos del Banco ni sobre los recursos que Vale utilizó para su Mina Apolo.
Por tanto, las evidencias jurídicas y los procesos judiciales levantados por el Ministerio Público de Minas Gerais indican que las actuaciones de Vale se caracterizan por la negligencia continua, aun cuando afecten la salud de los habitantes de la ciudad de Ubaraba.
Por otro lado, la falta de transparencia sobre la utilización de fondos públicos que destina el BNDES para incrementar la producción de fertilizantes en Vale crea al menos tres estrategias para intervenir en puntos estratégicos de la cadena de producción de fertilizantes de la minera: a) como el BNDES es propietario del 5,7% de acciones de Vale a través de BNDESPAR y posee 12 Acciones de Oro (Golden Shares), goza de poder de veto sobre las acciones de la minera. El hecho de que el dinero de los contribuyentes se utilice para cometer abusos sociales y del medio ambiente contra los ciudadanos brasileños abre bastantes oportunidades para conducir campañas ciudadanas que exijan al BNDES responsabilidad en sus financiamientos; b) dada la evidencia de la contaminación de fosfatos en el río Côrrego (1.280% en los niveles más allá de lo permitido por la ley), se recomienda realizar estudios para determinar la calidad y disponibilidad del agua que existe en la sierra del Gandarela, así como analizar la calidad del aire en la ciudad de Ubaraba y la salud de sus residentes; y c) uno de los factores que pueden ayudar a transparentar las actividades de Vale en su Mina Apolo es comenzar a contactar a los grupos de trabajadores que laboran en las obras de la mina y estrechar lazos con los miembros del STIQUIFAR.
En Perú, Proyecto Bayóvar y Bahía de Sechura
En el Perú, la Minera Vale S.A. tiene concesiones mineras para el proyecto Bayóvar, que incluyen derechos de exploración de 146.887 millones de hectáreas en 11 de las 13 regiones mineras. Bayóvar es una mina a cielo abierto, ubicada en el distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura. Inició operaciones en 2010 y tiene capacidad para producir 791.000 toneladas de fosfato al año. Es operada por la subsidiaria de Vale, Miski Mayo S.A.C., y se localiza en el Cerro Mongol, Cajamarca, distritos de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, en la cabecera de la Cuenca del Río Cajamarquino, que administra gran parte del Valle de Condebamba, uno de los recursos hídricos más importantes de la región andina del Perú, que suministra parte de la producción agrícola y pecuaria de ese departamento.
En el Perú los emprendimientos de Vale han generado una serie de violaciones a los derechos laborales, ambientales, a la información y de posesión de las tierras de los pueblos indígenas, violando la Convención 169 de la OIT y varias leyes nacionales. El papel del BNDES en el proyecto Bayóvar es importante, pues financió en 2010, US$ 71 millones para la construcción de una planta de desalinización que proporciona agua a esa mina. En la actualidad terminó la fase de construcción y el proyecto se encuentra en operaciones.
Por el gobierno de Brasil, el actor principal es el Banco BNDES. En cuanto al gobierno del Perú, participan el Parlamento y el Poder Ejecutivo, la Comisión de Gestión Ambiental Sostenible del gobierno regional de Cajamarca, el Juzgado Mixto de San Marcos y el gobierno regional de Piura. Por el sector privado participan la Minera Vale y su subsidiaria Miski Mayo. La sociedad civil se ha involucrado en el seguimiento del proyecto a través del Frente de Defensa de la Bahía de Sechura (FDBS) y la Asociación de Transportistas, Maquinaria Pesada y Servicios Generales (ATRAMS).
Los problemas principales de este proyecto son la violación del derecho al consentimiento libre, previo e informado, y la falta de transparencia sobre impactos ambientales. En 2004, los funcionarios de Miski Mayo realizaron asambleas en las localidades de Huayanmarca (distrito de Jesús) y Santa Rosa de Pashul (distrito de Pashul), donde se autorizó la explotación minera. En las asambleas no estuvieron presentes los verdaderos propietarios de los terrenos. Las personas que ahí se congregaron habían sido traídas de diferentes localidades por personal de Vale.
En mayo de 2007, la Comisión de Gestión Ambiental Sostenible del gobierno regional de Cajamarca, integrada por varios congresistas del Parlamento de Perú, realizó una visita a la zona de explotación y encontró en las instalaciones de Miski Mayo a personal encapuchado y armado con escopetas. En septiembre, pobladores del Valle Condebamba emprendieron una “marcha de sacrificio” hacia Cajamarca, culminando en un paro de tres meses en las alturas del cerro Mogol, que obligó a Miski Mayo a retirar sus máquinas. Como consecuencia de estos eventos, a pedido de Vale, en los primeros meses de 2009 el Juzgado Mixto de San Marcos impuso a once líderes comuneros del Valle de Condebamba una pena de cuatro años de prisión (suspendida posteriormente) y el pago de 2.000 soles de reparación civil por haber ocupado las instalaciones de la minera e.
En lo que se refiere al uso de recursos hídricos, Bayóvar tiene una planta desalinizadora de agua de mar, una planta concentradora e instalaciones de carga y descarga localizadas en la Bahía de Sechura. A pesar de que Vale presentó una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en 2007, por el que se comprometía a instalar medidores de la calidad del aire y monitorear los contaminantes que sus instalaciones emitían, hasta enero de 2012 no había EIA ni Comité de Gestión Bahía de Sechura que confirmara algunas medidas preventivas realizadas por la minera.
De acuerdo con la información de Vale, la minera reconoce haber consumido un total de 294,3 millones de Mts3 de agua. De esta cantidad, solo 25 millones de Mts3 se obtuvieron de agua reciclada, lo que indica que 269 millones fueron extraídos de fuentes naturales (pozos, agua de mar, ríos, lagunas, etc.), entre los que se localizan las aguas de mar de la Bahía de Sechura. Vale nunca menciona la cantidad de residuos que se vierten en la Bahía de Sechura o en lagunas o aguas subterráneas (pozos y acuíferos) por debajo de la ciudad de Sechura.
El 13 de junio de 2011, el Frente de Defensa de la Bahía de Sechura y la ATRAMS, realizaron un paro en esa ciudad, con el 95% de participación de la población. Las principales demandas se concentraron en la contaminación ambiental de tierras comunales y de la bahía, ocasionada por la transportación y procesamiento de fosfatos que Vale extrae en esta región.
El desempeño de Vale en su emprendimiento de Bayóvar en la Piura y la Bahía de Sechura no es distinto de la forma de operar de la minera en otros lugares, ha transgredido el Convenio 169 de la OIT, referente a la libertad de información y la consulta previa de las comunidades que viven cerca de sus emprendimientos. En consecuencia, los pobladores del valle de Condebamba recurrieron a acciones de protesta social de gran magnitud, que incluso los llevó a ocupar por tres meses las instalaciones de la empresa, con el saldo de 11 comuneros en prisión.
Para los datos precedentes se consultó artículos periodísticos y los informes anuales de la propia minera. No obstante, Vale no reconoce que esté generando conflictos sociales y ambientales en el Perú. El BNDES, por su parte, tampoco menciona la responsabilidad de su financiamiento en los conflictos generados por Vale.
Igual que los otros dos casos tratados anteriormente, la solución es obligar a Vale a cumplir sus compromisos de responsabilidad empresarial y los mecanismos legales y extralegales que omite a lo largo de su cadena de producción y abastecimiento. Los conflictos mineros que en los últimos años viven los países sudamericanos como consecuencia de las estrategias gubernamentales que enfocan el desarrollo con la mega minería lo hacen necesario.
 
La Paz, Bolivia, 15 de octubre de 2015

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Iván Marcelo Castillo Chuquimia

Publisher(s): 

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

El IPDRS ejecuta proyectos, realiza consultorías y evaluaciones y gestiona servicios de fortalecimiento de capacidades de desarrollo rural en Sudamérica a través de las líneas de: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO e INTERAPRENDIZAJE.

Proveedor de datos

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

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