Impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA) y ejecutado, entre otros, por la compañía de capital chino SINOHYDRO, el proyecto Agua Zarca[1] está situado dentro del territorio indígena Lenca y sobre las aguas del sagrado río Gualcarque.
Contra su ejecución se han movilizado las comunidades indígenas de la zona, votando en contra en los cabildos abiertos municipales y en la Asamblea Indígena, sin embargo sus voces han sido desoídas, sus exigencias desatendidas y su protesta ha sido criminalizada y reprimida por militares y policías, en medio de una violenta campaña mediática de desprestigio.
El pasado 15 de julio, los militares abrieron fuego contra una movilización pacífica que se dirigía hacia el plantel de la empresas, asesinando al dirigente indígena lenca Tomás García e hiriendo de gravedad a su hijo Allan.
Asimismo, los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, han denunciado una violenta persecución judicial para debilitar el apoyo a la histórica lucha de las comunidades de Río Blanco.
“El río Gualcarque y la tierra son nuestras fuentes de vida, y debemos defenderlas hasta las últimas consecuencias. Quien no lo hace y se pliega a los intereses de las empresas es un cobarde.
¿Cómo es posible que pretendan prohibirnos ir al río y privarnos de nuestras tierras? Si algún día me tocara morir defendiendo la tierra y las aguas del río, para mi va a ser un orgullo”, dijo María Domínguez, dirigente indígena lenca y hermana del fallecido Tomás García.
Solidaridad
Durante un intercambio cargado de emoción con decenas de pobladores y pobladoras de la comunidad La Tejera, que mantienen una toma indefinida de la carretera que conduce al río Gualcarque, Carlos H Reyes, presidente del STIBYS y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, recordó el significado de estar ahí con ellos.
“Estamos orgullosos de estar aquí y queremos aprender de su lucha, que es una lucha por los territorios y los recursos naturales, y que es clave frente a un modelo y un sistema neoliberal que se está imponiendo en nuestros países y en todo el mundo.
Ustedes -continuó Reyes- están demostrando que sí se puede luchar contra la minería, la privatización de los ríos, la expansión de la palma africana, la destrucción de los bosques.
Contra todas aquellas leyes que pretenden legalizar estos proyectos, que sólo sirven para desarrollar los intereses económicos de la oligarquía nacional y de las grandes transnacionales”, dijo.
Criminalización de la lucha
Aureliano Molina, Bertha Cáceres y Tomás Gómez felicitaron a los pobladores de La Tejera por estos casi 5 meses de resistencia inclaudicable, y por haber resistido a las presiones, las amenazas, la persecución y el constante hostigamiento de militares, policías y guardias privadas de la empresa.
Recordaron que el 14 de agosto próximo se enfrentarán en los juzgados a las acusaciones de usurpación, coacción y daños continuados, y que durante los próximos meses podría extenderse aún más la persecución judicial.
“Aun así, estamos dispuestos a seguir adelante, pase lo que pase, y lo asumimos con dignidad, porque se trata de una lucha justa, digna y por la vida. No estamos dispuestos a negociar la vida de las y los compañeros caídos, y vamos a seguir apoyando su decisión de rechazar este proyecto de destrucción”, dijo Molina.
Ante esta situación, el Copinh y las comunidades lenca hicieron un llamado[2] al movimiento social y a las diversas luchas territoriales "a continuar construyendo acciones por la soberanía territorial y contra los proyectos de saqueo y de violencia".
Además, pidieron a la solidaridad nacional e internacional estar pendiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días, así como realizar acciones de denuncia y presión hacia las diferentes instituciones y poderes del Estado hondureño.