México: 1% de grandes fincas acaparan 56% de tierras productivas | Land Portal
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, el 1% de las fincas más amplias cubre 56% de las tierras productivas del país, según el informe “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina”, publicado hoy por la organización Oxfam.


Con estas cifras, agregó, México forma parte de los países de América Latina donde el 1% de las fincas acapara más tierras que el 99% restante.


Según el informe de Oxfam, a dos siglos de lograr su independencia de los poderes coloniales europeos, América Latina no superó el poder latifundista. Así, en la región más desigual del mundo, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres.


La concentración de tierra se agravó desde los años 60, plantea la organización. En contraste, al sumar la superficie de ocho de cada 10 explotaciones agrícolas de la región latinoamericana, apenas se alcanzaría 13% de la superficie de tierras cultivables.


De hecho, el informe observa que “las fincas más pequeñas tienden a desaparecer”. Detalla: “La mayor parte de la tierra ha sido acaparada por la gran propiedad, mientras que las explotaciones de pequeño tamaño han quedado arrinconadas a una fracción marginal del territorio”.


El informe insiste en que este desbalance, que ilustra “una cultura más cercana al feudalismo”, incide directamente en la desigualdad y la pobreza que afectan al subcontinente y agrava la brecha de género.


Según la organización, en México la tenencia de la tierra es masculina. Solo una de cada siete fincas mexicana está manejada por una mujer; en Perú, el promedio es dos veces mayor. Esta brecha, abunda, ubica a las mujeres rurales en una “posición subordinada” y limita su “autonomía económica”.


No es lo peor. Unos pocos oligarcas, provenientes de los sectores empresariales formales e ilegales, se aprovechan de las tierras para extraer recursos naturales –la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos basan sus economías nacionales en las exportaciones de materias primas, como en los tiempos de colonia–, mientras millones de campesinos e indígenas se ven forzados a emigrar hacia los cinturones de miseria de las ciudades.


“La disputa por la tierra ha provocado conflictos internos y desplazamientos en muchos países”, deplora el documento y añade que “el control del territorio sigue siendo una fuente de poder económico y político que a menudo se ejerce mediante la represión y la violencia”.


Víctimas


El informe “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina”, subraya que 122 activistas y defensores de derechos humanos latinoamericanos fueron asesinados el año pasado. Cuatro de cada 10 de ellos defendían la tierra, el territorio, el medioambiente o los derechos de los pueblos indígenas.


Estos casos suelen quedar impunes y a menudo las comunidades señalan el involucramiento de agentes del Estado, grupos paramilitares o sicarios contratados por empresas extractivas en acciones violentas en su contra.


“Se trata de una lucha muy desigual entre actores poderosos que concentran los beneficios de la explotación (de recursos naturales) y millones de personas cuyos derechos se ven afectados, especialmente hogares indígenas, afrodescendientes y campesinos, y mujeres en particular”, lamenta.


El documento recuerda que, para garantizar el flujo de inversiones en su sector extractivista –este flujo creció 26% anual entre 1998 y 2007, según el informe–, los gobiernos latinoamericanos firmaron acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales con los cuales las empresas pueden demandar a los Estados en tribunales de arbitraje internacionales cuando sus intereses se ven afectados.


Oxfam afirma que los países latinoamericanos –sobre todo Argentina, México y Venezuela– fueron demandados en 230 ocasiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi) en 2015.


Además, la organización establece que “muchos países han aplicado políticas fiscales injustas”; entre ellas, las exenciones a los sectores agroexportador o la imposición de tasas “desproporcionadamente bajas” en las industrias mineras y petroleras.


En México y los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–, los grupos criminales se apropiaron de las tierras estratégicas para el cultivo de plantas precursoras a la elaboración de drogas, pero también para el trasiego de bienes ilegales.


Además, en territorio mexicano “los cárteles de la droga han expulsado violentamente a comunidades enteras de tierras ricas en recursos naturales o aptas para la producción de cultivos ilícitos; se ha observado también la compra de tierras para crear reservas naturales ‘ficticias’ con el fin de establecer rutas seguras para el tráfico de drogas en la costa oeste”, concluye.

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