Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), afirma que la agroexportación en Ica no es una actividad sostenible porque se está utilizando más cantidad de agua de la disponible.
—¿El boom agroexportador en Ica ha generado concentración de tierras?
—Las corporaciones y los grandes inversionistas se han hecho con el control de grandes extensiones de tierra y también del agua en la costa; puesto que en esta región no llueve, el que no accede a este recurso no puede cultivar. Una de las pocas políticas de Estado en el agro es el favorecer la concentración del control de la tierra y del agua por la gran inversión, la mayor parte de cuya producción se orienta a la exportación. Esta política ha continuado a través de los gobiernos de Fujimori, García, Toledo, Humala y, ahora, Kuczynski. La concentración de la tierra se ha promovido en estas dos décadas sobre los suelos recientemente irrigados. La intervención del Estado ha sido fundamental, pues las grandes obras se realizan con recursos fiscales, sobre tierras que también son fiscales. Que haya concentración es claramente una decisión política, pues estas tierras son vendidas en dimensiones y condiciones tales que es imposible que pequeños o medianos inversionistas pueden acceder a ellas.
En Ica se está perdiendo tierras porque la pequeña agricultura no puede acceder al agua; los pozos de agua se venden a precios altos y los pequeños agricultores se ven tentados a venderlos junto con la tierra a los agroexportadores.
—Hay cuestionamientos al modelo económico de Ica porque se está dejando sin agua a su población
—Uno de los problemas es que varios cultivos para la exportación demandan mucha agua. El espárrago utiliza gran cantidad de agua. El 92% del espárrago –principal cultivo de exportación iqueño- es agua. Somos, pues, grandes exportadores de este recurso escaso. Ica ha sido un valle algodonero y el algodón en términos comparativos exige poca agua; la demanda de agua se ha visto multiplicada con la ampliación de áreas de espárragos.
Meses atrás los diarios informaron que más de 10 empresas agroexportadoras iqueñas pensaban mudarse hacia tierras del norte, ante la perspectiva de colapso del agua del subsuelo, para aprovechar los frutos de la inversión pública en obras de irrigación. Estas empresas, tan modernas, luego de que agotan el agua en una zona, se mudan hacia otra, buscando los subsidios del Estado gracias a sus inversiones en nuevas obras de irrigación. Es decir, depredan y es el Estado el que asume los costos.
—Diversos estudios indican que el problema del agua es crítico en Ica, ¿cómo regular la gestión del agua en esta zona?
—Hay perspectivas de traer agua del río Pisco y también de Huancavelica. En esta última región ha surgido una serie de conflictos porque las comunidades campesinas se sienten perjudicadas; perciben que existe una falta de voluntad por parte de los interesados de que Huancavelica se beneficie con obras de irrigación. A esta región se la dejó de lado para incorporarla a un proyecto que debería ser integral. Se puede decir que este caso está caminando por la misma senda de otras experiencias históricas de irrigaciones, en las cuales se ignoró a los pequeños productores, agricultores, campesinos de las partes altas de los valles o de la otra vertiente de donde se trae el agua a través de túneles: esa es la razón del conflicto. Lo que se puede esperar es un agravamiento de los conflictos, debido a como se establecen las reglas de juego en la gestión de este recurso. Hay que administrarlo y gestionarlo mejor, sin marginar a un sector de la población en beneficio de otros sectores.
—El gobernador de Ica afirma que con la construcción de los trasvases se va a solucionar el problema del agua
—Cuando uno dice que en uno, dos o 10 años vamos a resolver el problema, la pregunta primera que surge es ¿para quién y cómo?, porque puede ser que se resuelva para los que están en la cuenca media hacia abajo y no se resuelva para los que están en la parte alta, como es el caso de Huancavelica, o que se resuelva para las empresas pero no para los pequeños agricultores. En ese caso habría que pedirle al señor Cillóniz que argumente más ampliamente sus respuestas.
—¿Estas obras son para beneficiar únicamente a la agroexportación?
—A mí no me cabe la menor duda de que el interés principal de llevar el agua de Huancavelica a Ica es apoyar la agroexportación. El mismo presidente regional (Cillóniz) está íntimamente vinculado a la exportación, tiene una empresa de asesoría a las agroexportadoras: esa es su visión y probablemente su misión sea la de favorecer la agroexportación. Por lo demás, está convencido de que la agricultura familiar irá desapareciendo y la agricultura empresarial seguirá creciendo, pues considera que aquella no puede ser competitiva en el mundo actual.
Si es que hay agua suficiente, como afirma Cilloniz, pues el proyecto debería beneficiar a todos.
—¿El modelo económico en Ica es sostenible ambientalmente?
—No es sostenible una agricultura del tipo que se está haciendo para la exportación de espárragos, ya que emplea más agua de la que hay disponible; el nivel del agua del subsuelo está disminuyendo sin cesar. Hacer nuevas obras de irrigación para traer agua de otras zonas -en búsqueda de que sea sostenible esta actividad- es una forma muy costosa de hacer agricultura.
—¿Pese a la escasez de agua, Ica es aún atractiva para los inversionistas?
—Todavía en el Perú hay tierras de cultivo relativamente baratas, pero hay además otras condiciones que influyen para que esta actividad siga siendo atractiva. Por ejemplo, los costos laborales son más bajos. Desde fines de los años 90 hay una ley por la que se establece un régimen laboral particular para la agricultura que beneficia mucho a las empresas exportadoras, porque reduce las vacaciones de los obreros, suprime los CTS y “flexibiliza” las relaciones laborales; además tienen un régimen tributario excepcional.
—¿Cómo viene subvencionando el Estado a estas empresas?
—El Estado subvenciona a estas empresas por diferentes caminos; por un lado, con menores impuestos; con tierras que se incorporan a la agricultura gracias a inversiones públicas en obras de irrigación y trasvases. El CEPES ha hecho un estudio que concluye que desde la década del 90 hasta la actualidad lo invertido por el Estado en obras de irrigación para ganar tierras en la costa supera los USD 6,500 millones; lo que ha retornado al Estado son $500 millones, o sea $6,000 millones constituye el subsidio para esta agricultura de exportación. Detrás de estas inversiones, hay inversión pública a montones, una legislación laboral favorable y un régimen tributario excepcional. Así, cualquiera.