Un violento desalojo de más de 60 familias campesinas se produjo el martes 3 de enero en Colonia Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã departamento de Caaguazú, centro-sur de Paraguay.
Los campesinos asentados en el lugar denunciaron que alrededor de 70 productores brasileños, que reclaman como propia la extensión de 2.200 hectáreas en el lugar, ingresaron a la comunidad escoltados por la Policía Nacional. Los efectivos de la fuerza pública se presentaron en el lugar con maquinarias para derrumbar las viviendas y destruir las pertenencias de los campesinos.
Al mismo tiempo que desalojaban las tierras, llevaron adelante una fuerte represión contra gran parte de la comunidad que se encontraba protestando contra el accionar policial. Los campesinos denunciaron como un “barrido” de gente y casas, mientras que disparaban balas de goma contra la multitud y lanzaron amenazas contra las familias que reclamaban su derecho a la tierra.
Sotero Cáceres, intendente de Tembiaporã, denunció que se mientras se dirigía al lugar de los hechos fue interceptado por un control policial que le impidió el paso y le retuvo su cédula de identidad. Cáceres sostuvo que no recibió ningún tipo de explicaciones por parte de los efectivos y que nunca le entregaron la orden judicial necesaria para llevar adelante el procedimiento que solicitó.
La represión policial dejó como saldo a 20 campesinos heridos y 12 presos, entre los que habían dos menores. Luego de las protestas que se llevaron adelante en varios puntos del país durante el miércoles 4 de enero, el Ministerio Público ordenó la liberación de los detenidos en horas de la noche.
La colonia Guahory se encuentra ubicada a 200 kilómetros de Asunción, en el distrito de Tembiaporã del departamento Caaguazú. Desde el 2014 existe una disputa entre familias campesinas que reclaman la propiedad sobre las tierras en las que vivieron por décadas y un grupo de empresarios de la soja de origen brasileño que alegan tener títulos de propiedad reconocidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Este fue el tercer operativo violento que sufrieron los campesinos de Guahory, durante los últimos seis meses.
El conflicto se da sobre 2.300 hectáreas que los campesinos y los sojeros brasileños reclaman como propias. De las 97 fincas en que se dividen esas tierras, 67 se encuentran en proceso de expropiación a favor de los campesinos. No obstante, los colonos sojeros argumentan haber compraron las mismas tierras mediante gestiones poco claras y se presume que con títulos falsos o favorecidos por actos de corrupción en el Indert.
En efecto, el Indert evitó pronunciarse sobre el tema hasta los hechos del 3 de enero, mientras se llevaban adelante operativos violentos contra las familias campesinas desde 2014. Según denunció la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, el punto más álgido del conflicto tuvo lugar en septiembre de 2016, cuando 200 familias de Guahory fueron desalojadas por más de 1500 efectivos policiales.
De estos hechos quedó registrado un video donde el colono brasileño Jair Weber dice tener el aval del presidente Horacio Cartes y cuenta que la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), organismo público, les habría prestado un helicóptero para apoyar el operativo. Weber dijo a la prensa que 70 colonos le pagaron 200 mil dólares al jefe de Orden y Seguridad de la Policía en Caaguazú para que se ejecute el desalojo.
Guahory y el recuerdo de Curuguaty
Tras los hechos del pasado 3 de enero, que alcanzaron un mayor grado de visibilidad pública, la Federación Nacional Campesina (FCN), que representa a los campesinos asentados, llevó adelante varias movilizaciones durante el miércoles 4 de enero de 2017. En un comunicado emitido a pocas horas de la represión, la FCN denunció que “con esta actitud, este grupo de policías que actuó en el terreno defendió intereses foráneos, utilizando la fuerza de la represión en contra de sus compatriotas. Por lo tanto, reafirmamos que esta Policía está al servicio de los sojeros brasileños. Una vez más, la Policía Nacional -y especialmente este grupo- deja un oscuro antecedente con este proceder, que engrosa la lista de actuaciones antidemocráticas, represivas, violentas contra el pueblo”.
Aunque los medios de comunicación poco hicieron por dar a conocer este caso, lo cierto es que en Paraguay ya se transformó en un problema de escala nacional. Guahory puede convertirse en un próximo Curuguaty, y gran parte de los sectors políticos han advertido ese factor en medio de un proceso de tensión y enfrentamiento de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Es por esto que, si bien la comunidad de Guahory viene enfrentando este tipo de situaciones desde hace más de dos años, hoy ha adquirido una visibilidad mayor.
En este sentido, el jueves 5 de enero el presidente del Congreso, Roberto Acevedo, instó al gobierno de Horacio Cartes a encontrar una “solución pacífica” a la situación. “Solicito a las autoridades buscar el diálogo como único medio de resolución de conflictos y en ningún caso utilizar la violencia. Se debe buscar una salida pacífica, ajustándonos a derecho, como establece nuestra Constitución”, dijo el senador.
Además, una delegación parlamentaria, encabezada por el presidente de la Comisión Permanente, Ariel Oviedo, visitó el miércoles 4 de enero la colonia Guahory para recabar información sobre lo ocurrido.
Por su parte, el Indert, que hasta el momento no se había pronunciado sobre el conflicto, llevó adelante un proceso de negociación con las familias representadas por el FCN. En este sentido, anunció que los campesinos se reubicarán durante el mes de enero en lotes ubicados en el distrito de Yhú, y que el Estado les proveerá una vivienda y víveres hasta que logren su primera cosecha. No obstante, el Indert debió comprometerse a revisar los títulos de propiedad sobre las tierras de Guahory que reclaman los campesinos desde tiempos de la Reforma Agraria.