168 defensores del medio ambiente asesinados en un año | Land Portal

El balance de Global Witness 2018 destaca que Filipinas y Colombia son los países con más muertes violentas de ecologistas y activistas indígenas

 

Treinta muertos en Filipinas, 24 en Colombia (24), 23 en India, 20 en Brasil... Y así hasta alcanzar la cifra de 164 personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y las comunidades indígenas que murieron el año pasado de forma violenta precisamente por dedicar la protección ambiental.

El balance de 2018 de la organización internacional Global Witness, difundido este verano, destaca que su lista de asesinatos ambientales es sólo una muestra de una violencia que alcanza dimensiones realmente alarmantes, y que en algunas zonas no cuentan con apoyos de las autoridades y la administración de justicia.

“El año pasado fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana, al defender sus tierras y el medio ambiente de la invasión de industrias como la minería, la tala y la agroindustria. Incontables más fueron silenciadas a través de otras tácticas diseñadas para aplastar la protesta, como arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de desprestigio”, destaca Global Witness.

 

Filipinas ocupa en esta ocasión la lamentable primera posición de la lista de asesinatos mientras que Guatemala registró el mayor aumento de muertes violentas respecto al año anterior y ahora se coloca en la zona con más asesinatos en relación al número de habitantes.

“A nivel mundial, la cifra real de asesinatos de defensores de la Tierra probablemente de fue mucho mayor, porque los casos no suelen ser documentados, y muy pocos son investigados. Resulta difícil encontrar o verificar evidencia confiable”, admite con pesar esta entidad sin ánimo de lucro.

La minería fue el sector más mortal, causando 43 muertes confirmadas. El 2018 también registró un aumento en los asesinatos relacionados con la defensa de las fuentes de agua a nivel mundial, pasando de cuatro asesinatos en 2017 a 17 en 2018. Entre los presuntos autores se encuentran la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y los asesinos a sueldo, que a veces trabajan en coalición.

Este año, por primera vez, Global Witness también alerta sobre la criminalización de las y los activistas y sus comunidades. Evidencia presente en todos los continentes muestra que los gobiernos y las empresas están utilizando los tribunales y los sistemas legales de los países como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses.

Esto incluye el uso indebido de leyes existentes, diseñadas para detener terroristas o proteger la seguridad nacional, y la creación de nuevas normas para prohibir la protesta o coartar la libertad de expresión. Esto hace que los ataques a las personas defensoras parezcan legítimos, aumentando la probabilidad de que ocurran.

Gran parte de la persecución de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente está siendo impulsada por la demanda de tierra y de materias primas necesarias para los productos que consumimos todos los días, como alimentos, teléfonos móviles o joyas.

Como se detalla en el informe de Global Witness, por ejemplo, activistas indígenas en Filipinas enfrentaron amenazas de muerte, fueron encarcelados y sus casas fueron demolidas por oponerse a que sus tierras fueran utilizadas para cultivar bananos para vender en los mercados globales.

Mientras tanto, en Guatemala, el auge de la minería, los proyectos hidroeléctricos y los cultivos agrícolas para la exportación ha provocado un aumento en los ataques contra la población indígena rural y ha despertado el temor de un retorno a la violencia genocida que sufrió el país hace 30 años.

La criminalización de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente no se limita al Sur Global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concesionado tierras indígenas a empresas de combustibles fósiles y varios estados de este país han aprobado nuevas leyes para reprimir las protestas. En el Reino Unido, tres manifestantes contra el fracking fueron condenados a penas de prisión draconianas en 2018, en un caso que ha despertado el temor de que la ley se esté utilizando para acallar el activismo ambiental legítimo.

Esta tendencia sigue empeorando. Si bien el informe de Global Witness se enfoca en los eventos de 2018, este año muestra señales desalentadoras, ya que los políticos de todo el mundo están eliminando protecciones en materia ambiental y de derechos humanos, con el objetivo de promover negocios a cualquier costo. En Brasil, por ejemplo, el reciente compromiso del presidente Jair Bolsonaro de permitir la explotación de reservas indígenas para el desarrollo ya ha provocado una afluencia de acaparadores de tierras armados con motosierras y pistolas.

Alice Harrison, encargada de campañas de Global Witness, destaca que “los ataques despiadados contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente siguen ocurriendo, a pesar del creciente impulso detrás de los movimientos ambientales en todo el mundo. A medida que nos precipitamos hacia el colapso climático, nunca ha sido más importante apoyar a quienes intentan defender su tierra y nuestro planeta de la destrucción imprudente impuesta por ricos y poderosos.

“Es una ironía brutal que, si bien los sistemas judiciales rutinariamente permiten que los asesinos de personas defensoras caminen libres, también están siendo utilizados para calificar a las y los activistas como terroristas, espías o delincuentes peligrosos. Ambas tácticas envían un mensaje claro a otros activistas: los riesgos de defender sus derechos son punitivos para ellos, sus familias y sus comunidades”.

Principales hallazgos del informe Global Witness 2019:

En 2018 se reportó el asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que significa un promedio de más de tres asesinatos por semana. Muchas más personas defensoras fueron atacadas o encarceladas.

Los países con el mayor número total de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente cuyos asesinatos fueron registrados fueron Filipinas (30), seguida por Colombia (24), India (23) y Brasil (20).

El mayor aumento en la cantidad de asesinatos se produjo en Guatemala, con cinco veces más asesinatos, lo que lo convierte en uno de los países más sangrientos per cápita, registrando 16 asesinatos.

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