Oxfam Intermón denuncia la violencia desatada en Colombia contra las defensoras de la tierra tras los acuerdos de paz | Land Portal

La impunidad en los ataques contra estas activistas supera el 90% en un país en el que, según denuncia una de las defensoras, “una vaca tiene más derechos que una mujer”.


Las defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en Colombia corren un grave peligro, según denuncia una campaña internacional que busca su protección y que lanzan hoy Oxfam Intermón y otras organizaciones. En el primer trimestre de 2019 los ataques contra ellas han aumentado un 97% respecto al mismo periodo del año anterior. 55 defensoras han sido asesinadas en Colombia desde 2016.


Oxfam Intermón pide al gobierno colombiano de Iván Duque una protección efectiva, exhorta a España a dejar de vender armas a Colombia y llama a la Unión Europea a tomar medidas para salvaguardar la vida de las mujeres defensoras ante las amenazas y ataques que sufren a diario.


Según el informe de Oxfam Intermón Mujeres Defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en Colombia, publicado este miércoles, la violencia está ligada a la expansión de grupos y corporaciones legales e ilegales que explotan los recursos naturales en territorios que antes estaban bajo la influencia o el control de la guerrilla y en los que no hay presencia efectiva del estado.


Durante las negociaciones de paz hubo una disminución de agresiones, pero a partir de 2016 amenazas y asesinatos se han desatado, y más del 90% de los casos quedan en la impunidad.


AIDA PESQUERA


Directora de Oxfam en Colombia


 


“El final del conflicto no ha traído la paz a muchas zonas rurales de Colombia”, según Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia. Durante las negociaciones de paz hubo una disminución de agresiones, pero a partir de 2016 amenazas y asesinatos se han desatado, y más del 90% de los casos quedan en la impunidad”.


Las defensoras sufren distintos tipos de violencia, desde la persecución, la vigilancia, los insultos o el allanamiento hasta las agresiones sexuales, la tortura y el asesinato. Tanto el relator especial de la ONU sobre defensores y defensoras de los derechos humanos como la fiscalía general colombiana reconocen sistematicidad en los asesinatos y amenazas contra este colectivo.


 


ARMAS ESPAÑOLAS EN EL POSCONFLICTO


Desde que se firmó el acuerdo de paz hasta mediados de 2018, España ha vendido material armamentístico a Colombia por valor de 50,8 millones de euros. El informe de Oxfam Intermón denuncia que ese armamento podría estar vulnerando los derechos de las defensoras y defensores. En contraste, la agenda política de España ha dado un giro positivo en los últimos años con esfuerzos concretos en iniciativas y foros internacionales para cambiar la dramática realidad que viven las y los activistas.


Atrapadas entre los grupos armados y los intereses económicos,relegadas a zonas rurales históricamente marginadas, las mujeres sufren un tipo de violencia característico, marcado por el machismo y por su estigmatización como indígenas, afrocolombianas o campesinas.


La desigualdad es profunda en un país en el que el 1% de los propietarios posee el 80% del territorio. Las mujeres tienen las extensiones de tierra más pequeñas (el 78% tiene menos de cinco hectáreas), menos acceso que los hombres a créditos, maquinaria o asistencia técnica, y escasas oportunidades en el mercado laboral.


 


“Una vaca tiene más derechos que una mujer. Una vaca tiene derecho a una hectárea de tierra. Y las mujeres no tienen tierras, no tienen tierra ni en las uñas. Una vaca tiene derecho a vacunación y eso es sagrado acá, tiene un veterinario. Las mujeres rurales no tienen ni un centro de salud”, dice una de las defensoras, cuyo nombre se oculta por razones de seguridad.


 


“Son el último eslabón de la cadena, las que sufren las mayores desigualdades en todos los aspectos. Además, muchas veces son estigmatizadas, identificadas con la guerrilla o con bandas criminales, lo que aumenta aún más su riesgo”, apunta Pesquera.


Aunque esta campaña, bajo el nombre Todas Somos Victoria, pone el acento en los ataques a mujeres defensoras, Oxfam Intermón recuerda que Colombia es ya el segundo país más peligroso en el mundo para las y los defensores de la tierra y el medio ambiente.


La campaña incluye la gira de un grupo de defensoras por España, Europa, Estados Unidos y la sede de la ONU en Nueva York para denunciar la situación, y el uso de Victoria, un rostro de realidad virtual generado a partir de la combinación de las defensoras asesinadas desde la firma de los acuerdos de Paz en octubre de 2016, siendo el resultado final la suma de todas ellas.


 


EXTRACTIVISMO LEGAL E ILEGAL


El informe denuncia que el extractivismo legal e ilegal (tala, minería, explotación de recursos hídricos) y los monocultivos agroindustriales, aprovechan el vacío de la presencia del estado, estimulados por beneficios fiscales y de otra índole, y pasando por encima de las comunidades locales y sus derechos.


7,1 de los 8,5 millones de hectáreas usadas para la agricultura están ocupadas por grandes cultivos de café, palma de aceite y caña de azúcar destinados a la exportación. La extensión de los cultivos ilícitos bate records históricos en estos momentos en Colombia y la minería ilegal supone el 56% de todo el sector.


La campaña internacional exige medidas a distintos niveles. Al gobierno colombiano le pide, entre otras medidas, que consolide la presencia del estado de derecho en las zonas rurales, que implemente de manera efectiva todos los puntos del acuerdo de paz, especialmente los relacionados con el control del paramilitarismo, y que ponga en marcha mecanismos de prevención y de protección de las defensoras.


También se solicita a la Unión Europea diversas medidas de monitoreo, diálogo o financiación de programas de protección, así como de revisión de los programas de asistencia técnica a Colombia en materia jurídica o policial.


La campaña exige al gobierno de España que frene la venta de armas a Colombia ante el riesgo de complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional y de los derechos humanos, de acuerdo con el tratado de comercio de armas ratificado por nuestro país.


 


 

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