Legisladores del bloque del Frente de Todos presentaron un proyecto de declaración para repudiar la criminalización de la referente del norte provincial.
Frente al juicio oral y público que tendrá lugar el 27, 28 y 31 de mayo próximo contra la dirigente campesina Lucía Ruiz, los diputados nacionales Verónica Caliva y Juan Carlos Alderete presentaron un proyecto de resolución en el Congreso Nacional para repudiar la “la criminalización y persecución desplegada contra la fundadora y titular de la organización campesina 'Unión y Progreso', perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta”.
Si bien Ruiz está acusada junto a otros tres de sus compañeros a un juicio por el delito de “robo en banda”, denunciado en 2015 por Bernardo Castellanos, algunas características del hecho hacen pensar que es una ramificación del conflicto que persistía entre los campesinos de la zona de Rivadavia Banda Norte y un empresario de apellido Vidizzoni, que pretendía instalarse en las tierras ya ocupadas por estos pobladores. Según Vidizzoni, compró derechos posesorios de la Finca La Juanita y La Santafesina. Pero hasta ahora (a 11 años de iniciado el conflicto), no está registrado en la Dirección General de Inmuebles de la provincia como titular registral.
La denuncia por la que los campesinos van a juicio se hizo cuando Ruiz junto a otros campesinos impidieron el trabajo de máquinas que iban a hacer un desmonte en una zona donde no se permite esta acción porque está categorizada en amarillo según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
A ello se añade que quienes ingresaron no tenían autorización de la Secretaría de Ambiente de la provincia, ni tampoco ningún documento que les adjudicara titularidad alguna sobre las tierras en las que irrumpieron. Todo esto sumado a que las máquinas que introducidas para llevar a cabo estos trabajos de desmonte volvieron a ser retiradas por sus dueños y en los allanamientos a los campesinos denunciados nunca se encontró ningún elemento que no les perteneciera. Pese a todo, la instrucción a cargo del juez de Garantías, Nelso Aramayo, prosiguió hasta llevar a los campesinos y sobre todo a su dirigenta, al banco de los acusados.
Luchadores a proteger
En los fundamentos del proyecto de declaración, los legisladores autores señalan que se debe destacar “que el rol ejercido en la lucha por la defensa del ambiente se encuentra especialmente protegida por múltiples instrumentos internacionales. Entre los que se encuentra el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Vigente desde el 22 de a abril del 2021, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales". En ese acuerdo se insta a los Estados a tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el Acuerdo.
Caliva y Alderete añaden que las acciones realizadas por Lucía Ruiz también se encuentran tuteladas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. La Declaración fue aprobada por la resolución 53/144 de su Asamblea General el 9 de diciembre de 1998.
La Declaración estipula que se debe proporcionar apoyo y protección a los y las defensoras de los derechos humanos en el contexto de su labor. “No establece nuevos derechos, sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función y situación prácticas de las y los defensores. En la Declaración se enuncian algunos deberes concretos de los Estados y la responsabilidad de todas las personas con respecto a la defensa de los Derechos Humanos, además de explicar su relación con el derecho nacional”, agregan.
Para Caliva, la Cámara Baja no solo está autorizada, sino obligada a pronunciarse, bregando para que se revean y reparen los actos violatorios de derechos, y la criminalización desplegada en represalia por el ejercicio de la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y diversidades, en el ámbito de Salta, y se respete el ejercicio de los y las defensoras de los derechos de las mujeres.