Existe una deuda histórica con ellas
El país tiene una deuda histórica con las mujeres rurales, que son propietarias de tan solo 36% de los 32 mil núcleos agrarios en los que está divida la mitad del territorio nacional, lo cual denota un desigual acceso a la tierra y al mismo tiempo, tienen limitados derechos como la educación, capacitación y orientación, afirmó Mabel Almaguer Torres, directora de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La funcionaria participó en la presentación del estudio ‘Mujeres por el acceso a la tierra. Aproximaciones a los retos que enfrentan las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos agrarios’, que visibiliza problemáticas actuales y busca fortalecer la igualdad de la propiedad en zonas rurales e indígenas.
En el acto, subrayó que la situación de las integrantes de ese sector, afecta profundamente su capacidad productiva, carecen de herramientas para la libre autodeterminación y su representación en los órganos de toma de decisión en los núcleos agrarios es baja”.
En el marco de los foros virtuales de #OctubreUrbano, en el cual se hizo la citada presentación, Mabel Almaguer Torres, recordó que datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), señalan que en México viven 61.5 millones de mujeres, de ellas, 23% habita en localidades rurales y representan el 34% de la fuerza laboral.
Además, el estudio presentado por la Sedatu precisa que uno de sus mayores obstáculos es la falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia de la tierra, lo que les impide acceder a la toma de decisiones.
María Gabriela Rangel Faz, coordinadora Interinstitucional del Registro Agrario Nacional (RAN), quien también estuvo en el encuentro, destacó que se trabaja para que las mujeres que habitan en territorios rurales e indígenas de alta o muy alta marginación y que tengan posesión de tierras de propiedad social, puedan acceder a la titularidad y con ello, “garantizar justicia a un sector vulnerable y desfavorecido por años”.
Yolanda Beatriz Vera Castillo, directora General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Procuraduría Agraria, destacó la importancia de unir esfuerzos para impulsar acciones que reconozcan los derechos de las mujeres como sucesoras de ejidatarios o comuneros fallecidos o que no celebraron testamentos y que por ley les corresponde a las esposas o concubinas ser las apoderadas.
“Los retos siguen siendo muchos, tenemos que ver la posibilidad de promover reformas legislativas que favorezcan a las mujeres rurales y hacer mayor difusión en las comunidades sobre la importancia de reconocer su titularidad”, subrayó.