Cerca de 645 familias, equivalente a un aproximado de 1,863 habitantes, de las comunidades El Mozote, Los Tubos, El Conchalito, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, del departamento de La Paz, carecen de un respaldo legal que garantice la permanencia en sus viviendas, por lo tanto, muchas familias han sido víctimas de acosos de desalojo, así lo reveló una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA).
La investigación “Vulneración de Derechos Humanos en contextos de inseguridad jurídica en la tenencia de tierras”, indicó que se denota poco interés por parte de las municipalidades y gobierno central, en generar una intervención orientada a apoyar en la búsqueda de soluciones a la problemática de la legalización de los inmuebles, o para mejorar las condiciones de hábitat de las familias de esas comunidades.
Gladys Larin, técnica de FESPAD, señaló que el informe visibiliza y documenta la historia de las comunidades, exponiendo su situación jurídica, económica y social. Asimismo, se registran historias de vida de seis mujeres y cuatro hombres quienes luchan por obtener seguridad en la tenencia de la tierra. Esto fue posible a testimonios de habitantes y liderazgos en cada una de las comunidades, quienes participaron en grupos focales, entrevistas, censos y talleres de validación entre julio hasta septiembre de 2021.
“Las comunidades son vulnerables, aparte del derecho a una vivienda adecuada se les limita otros derechos humanos, como el acceso al agua y energía eléctrica, de las cinco comunidades solamente Victoria 2000 cuenta con el servicio del vital líquido; también le son vulnerados la salud y educación. Estas comunidades no tienen seguridad jurídica de las tierras y por lo tanto, no pueden acceder a otro tipo de servicios, muchas familias no cuentan con letrinas, inodoros, pozos y fosas sépticas”, detalló Larín.
Según el estudio, la mayoría de las viviendas de estas comunidades se encuentran en terreno del Estado y carecen de escrituras que los acrediten como dueños de los inmuebles, los pobladores presentan documentos que no tienen validez, lo cual los pone en una situación de inseguridad jurídica de las viviendas que habitan.
Ante la insatisfacción del derecho a una vivienda, en todas las comunidades existen casas construidas sobre rellenos en parte de manglar; en cuanto a la salud, los pobladores de los cinco caseríos coincidieron en que hay desabastecimiento de medicamentos y personal médico, por tanto, no se garantiza el pleno derecho a la salud.
Los ingresos económicos de la mayoría de las familias no logran satisfacer todas las necesidades básicas, existen pocas opciones de medios de vida que provean de más y mejores ingresos. Tanto FESPAD como MOVITIERRA pidieron al Estado generar condiciones para dotar de seguridad jurídica a los habitantes de estas cinco comunidades, así como promover políticas públicas encaminadas a fortalecer el acceso a educación, salud y servicios básicos en las comunidades.