Proyecto sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina
Seminario Regional sobre Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina
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Economists argue that land rent taxation is an ideal form of taxation as it causes no deadweight losses. Nevertheless, pure land rent taxation is rarely applied. This paper revisits the case of land taxation for developing countries. We first provide an up-to-date review on land taxation in development countries, including feasibility and implementation challenges. We then simulate land tax reforms for Rwanda, Peru, Nicaragua and Indonesia, based on household surveys.
Land acquisition often involves power and displacement and can be carried out on a large scale. There are many forms of land acquisition, including for environmental and conservation purposes as well as for production activities. While green grabbing has joined land grabbing as an environmental justice issue of concern, it is not necessarily the case that all green land acquisition is large scale, done by powerful outsiders, or leads to displacement and exclusion.
A community’s choice to give, or withhold, their free, prior and informed consent (FPIC) to a project or activity planned to take place on their land is a recognized right of Indigenous peoples under international law. It is also a best practice principle that applies to all communities affected by projects or activities on the land, water and forests that they rely on.
El presente Acuerdo modifica el Reglamento de la Ley de fortalecimiento de la camaricultura, respecto a las modalidades del proceso de Licenciamiento Ambiental, que se podrá llevar a cabo en forma individual o grupal. Para el caso de la licencia grupal, los proponentes con fincas de menos de cien hectáreas, bastará que dos o hasta diez fincas que se encuentren en el mismo sector geográfico y en el mismo rango de tamaño, se asocien bajo la modalidad de Asociación para el solo efecto de solicitar y obtener la Licencia Ambiental.
El presente Acuerdo modifica el Reglamento de la Ley de fortalecimiento de la camaricultura, respecto a las modalidades del proceso de Licenciamiento Ambiental, en aspectos relacionados con la Unidad Ejecutora del Proyecto Conjunto de Regularización de Fincas Camaroneras, cuyo personal técnico funcionará en las instalaciones físicas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y cuya finalidad es permitir a las fincas que se dedican al cultivo del camarón operando en áreas nacionales, regularizar su situación legal y obtener por primera vez o en renovación su concesión o contrato de a
La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, las acciones u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales, así como, el establecimiento de la responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que resulten con responsabilidad comprobada.
El presente Decreto Legislativo modifica la Ley de fortalecimiento de la camaricultura, respecto a la creación del Registro Especial Asociado de Concesiones o Contratos de Arrendamiento de Playones Nacionales para el Cultivo de Camarón, el cual está a cargo del Instituto de la Propiedad (IP), en el que debe inscribirse otorgamiento, modificación, cancelación, transmisión y gravamen de casa concesión; así mismo, debe inscribirse las mejoras actuales o futuras que los concesionarios efectúen en los predios otorgados en arrendamientos por el Estado (Artículo 6º).
La presente Ley rige el desarrollo, el uso y la protección de los recursos de aguas de la Nación, así como su administración; confirma y refuerza la función de la Comisión Nacional del Agua como principal organismo de vigilancia y desarrollo de los recursos hídricos de la Nación y establece los Consejos de Cuenca, que son instancias de coordinación y concertación entre todas las distintas dependencias públicas interesadas, incluidos los usuarios de aguas. Se considera la programación hidráulica nacional como una función fundamental del Gobierno Federal.
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