Perú: un contexto peligroso para defensores de la tierra y el medio ambiente | Land Portal

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Date of publication: 
janvier 2020
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
IPDRS-Diálogos-253
Pages: 
4
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IPDRS

Perú: un contexto peligroso para defensores de la tierra y el medio ambiente1
 
Aldo Santos Ariasaldosanto@gmail.com
 
1.      Marco general del país
Un reto del Estado peruano es garantizar la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas, y los 55 pueblos indígenas, cuyos territorios están expuestos a actividades ilegales o a la superposición de derechos.
Isaac Huamán Pérez, Director Regional de Agricultura y Christopher Paul Hernández Larrañaga, Director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria fueron detenidos por liderar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras en Ucayali.
Perú sería uno de los países más peligrosos para defensores de la tierra y el medio ambiente el tráfico de terrenos, fenómeno que al igual que el narcotráfico, es una cadena de valor asociada a una serie de delitos como usurpación, falsedad genérica, corrupción de funcionarios, etc.
El 28 de marzo del 2018, Martín Vizcarra Cornejo sucedió en la presidencia A Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció luego de un escándalo relacionado a servicios que habría brindado a la empresa brasilera Odebrecht, mientras ejercía funciones.
Escándalos de corrupción, revelan una red de jueces y fiscales comprometidos con actos de corrupción que involucraban a funcionarios, empresarios, políticos y hasta a reconocidos deportistas.
El presidente Vizcarra propuso una reforma del sistema de justicia y convocó a un referéndum que aprobó tres modificaciones constitucionales, entre ellas la prohibición de la reelección de congresistas, legitimando así su gobierno.
El 2018 estuvo marcado por el desarrollo de campañas electorales a nivel regional y municipal.
2.      Avances en el acceso a la tierra y el territorio
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha fortalecido su rectoría en materia de saneamiento físico legal. Además, la emisión de diferentes instrumentos normativos ha permitido llenar vacíos y superar algunos de los problemas de los gobiernos regionales.
Sin embargo, la Política Nacional Agraria pese a señalar que el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y nativas sería prioritario, contradictoriamente siguió privilegiando la titulación de predios individuales, dejando de lado la titulación comunal. Lo mismo ocurre con el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – PTRT3, que desde el 2015, no ha titulado a ninguna comunidad. Se calcula que más de 49 % de la superficie del país está ocupado por comunidades campesinas y comunidades nativas, sólo en cuatro de 24 regiones se han reportado avances en materia de saneamiento físico legal y titulación durante el 2018.
Gobiernos Regionales reciben transferencias de entre 300 mil y 1 millón de soles anuales para el saneamiento de tierras rurales y solo 33 % de ellos destina dichos recursos para la titulación comunal, el resto los destina para la titulación de predios individuales.
3.      Conflictos por el acceso a tierra y territorio  
La titulación de una comunidad nativa puede tomar hasta 25 años, mientras que, para una empresa, tener los derechos sobre tierras toma un máximo de 5 años.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Dirección Regional Forestal, aprobaron una norma para entregar concesiones de hasta 200 mil hectáreas, bosques adjudicados que se superponen a 29 de 53 comunidades y que tenían el compromiso de titular 350 mil hectáreas. Entonces, solo se podrá entregar derechos sobre 110 mil hectáreas, el territorio a titular se ha reducido a la tercera parte.
De acuerdo con cifras del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), se han entregado 241.085,26 hectáreas para el aprovechamiento forestal y minero generando inestabilidad social, inseguridad jurídica y precariedad económica.
Según la Presidencia del Consejo de Ministros, han sido identificados 194 casos de conflicto social a nivel nacional, 80 corresponden a minería y 20 a hidrocarburos. Con cifras diferentes, la Defensoría del Pueblo indica que, de 181 casos identificados en 2018, 113 son conflictos socioambientales, la minería ocupa 64,6 % e hidrocarburos 13,3 %.
La presencia de actividades extractivas en las comunidades campesinas y nativas continúa siendo una fuente potencial de conflictos sociales.
Queda pendiente la emisión de una norma que establezca criterios técnicos para solucionar controversias por superposición de tierras comunales por otros derechos, concesiones forestales, mineras, petroleras o Áreas Naturales Protegidas.
No existe un sistema unificado que permita tener información oficial de la cantidad de comunidades campesinas y nativas tituladas o en proceso de titulación.
Estado peruano desconoce la personería jurídica de los pueblos indígenas, ya que el reconocimiento de las comunidades no ha tomado en cuenta los estándares del Convenio 169 de la OIT. El pueblo Achuar del Pastaza no logra la titulación integral de su territorio, por este desconocimiento.
La comunidad campesina La Arboleda, situada entre los distritos de Tiquillaca y Atuncolla, en Puno, presentó un recurso de agravio constitucional que se resolvió en diciembre 2018, luego de 7 años de espera, el Tribunal Constitucional ha anulado todo lo actuado y devuelto el caso a la primera instancia.
4.      Acciones campesinas e indígenas para el acceso a la tierra y el territorio
Encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas en Puerto Maldonado (20 de enero). Las organizaciones indígenas dirigieron una comunicación al líder religioso, denunciando la vulneración de sus derechos.
Foro de Pueblos Indígenas en el marco de la VIII Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril). Se elaboraron propuestas para fortalecer la institucionalidad indígena, y combatir la corrupción que amenaza y vulnera los derechos de los pueblos indígenas.
Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de la Amazonía: “aportando a la agenda de las mujeres” (26 y 27 de abril). Se pronunció en a favor de la defensa del territorio para el buen vivir, la lucha contra el cambio climático, la economía indígena con énfasis en la agricultura y seguridad alimentaria, lucha contra la violencia, la igualdad de oportunidades y participación política de las mujeres.
Semana de Encuentro de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú (4 al 8 de junio). Para fortalecer la agenda del Pacto de Unidad, como el empoderamiento de las mujeres y la consolidación de la agenda de los pueblos indígenas u originarios para la defensa de sus derechos como la identidad cultural, la autonomía, la institucionalidad indígena, el acceso a la tierra y al territorio.
Taller Enfoque de la Mujer Indígena en la Gestión del Territorio y sus Bosques (08 y 09 de agosto). Presentaron propuestas de las mujeres indígenas sobre la gestión del territorio y bosques.
Foro Balance, retos y caminos a seguir para el Buen Vivir de las mujeres indígenas (19 de setiembre). Elaboró recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Plataforma de Beijing y la Cedaw, y para visibilizar la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
IV Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (30 de noviembre). Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio del ambiente para conocer el estado de la implementación de las políticas ambientales y el proceso de elaboración del Reglamento de Ley de Cambio Climático.
V Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (28 de diciembre) Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio de Agricultura y riego para conocer el estado de la implementación de las políticas agrarias, el estado de la agricultura familiar, la titulación de comunidades campesinas y nativas en el marco del PTRT3.
5.      Propuestas
El V Encuentro Nacional del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y el Informe alternativo 2018 planteó algunas prioridades para el Estado:

La derogatoria, modificación o suspensión, de las normas aprobadas durante el actual gobierno, referidas al acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, adquisición y expropiación de inmuebles, transferencias de propiedad del Estado para obras de infraestructura, entre otros.
Crear una política pública nacional para la seguridad territorial de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas.
Garantizar la función Viceministerio de Interculturalidad respecto al derecho a la tierra y territorio de los pueblos.
Ampliar la normatividad de consulta previa para la construcción de infraestructura para la provisión de servicios públicos.
Garantizar los derechos a la tierra y al territorio, mediante, la titulación colectiva, demarcación, saneamiento y protección de los territorios ancestrales.
Cesar políticas y normas que promuevan el acceso a tierras y territorios de pueblos indígenas, beneficiando a proyectos de inversión de grandes empresas privadas.
Implementar el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado antes de la adopción y la ejecución de cualquier proyecto, programa, política o norma que afecte derechos fundamentales y colectivos.
Promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones acerca de nuestras tierras y territorios.

6.      Normas

Ley N° 30723, que prioriza la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, iniciativa cuestionada porque pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que habitan las Reservas Indígenas Isconahua, Murunahua y Mashco Piro.
La Ley N° 30754 Marco sobre Cambio Climático, que agrupa 10 Proyectos de Ley y que reconoce el valor de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios, además de contemplar su participación en los mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático. Las organizaciones exigieron que sea consultada previamente, pues no tomaba encuentra compromisos climáticos, excluyendo derechos de titulación, manejo y gobernanza territorial.
La Ley Nº 30776, que delega al poder ejecutivo, la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios. Se emitieron 101 decretos legislativos, entre ellos el DL N° 1374, que establece el Régimen Sancionador por Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley N° 28736 sobre Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial las organizaciones criticaron esta norma, pues no han sido consultadas sobre su emisión y alcances.
Instituciones

Las competencias en materia de titulación y saneamiento físico legal han sido transferidas desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales, proceso no exento de dificultades, por lo que estas capacidades son bastante limitadas.
Los esfuerzos de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural han centrado en proponer mecanismos de simplificación y gratuidad, no obstante la precariedad institucional y la continua rotación de funcionarios debilitan la sostenibilidad de cualquier política. Otra entidad importante en materia de titulación es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, cuyas competencias en materia de otorgamiento de concesiones forestales han sido transferidas a los gobiernos regionales.
Si bien se ha generado normativa que precisa que la demarcación y titulación de comunidades nativas a cargo de los gobiernos regionales no podrá quedar suspendida por superposición con áreas de los BPP, dicha medida no atiende a las comunidades nativas que solicitan la titulación de áreas de bosques y no una cesión en uso, que es la figura que el Estado viene aplicando actualmente. 
El Ministerio de Cultura, órgano técnico especializado en materia de Pueblos Indígenas u Originarios del Poder Ejecutivo, tiene la función de coordinar acciones para culminar el proceso de saneamiento físico legal de las territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, conforme establece el Decreto Supremo Nº 005-2013-MINCU, por lo que se requiere un activo acompañamiento del sector, a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en materia de seguridad jurídica.
*(1) Este artículo fue titulado por el IPDRS, tomando una cita del texto

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Aldo Santos Arias

Publisher(s): 

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

El IPDRS ejecuta proyectos, realiza consultorías y evaluaciones y gestiona servicios de fortalecimiento de capacidades de desarrollo rural en Sudamérica a través de las líneas de: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO e INTERAPRENDIZAJE.

Fournisseur de données

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

El IPDRS ejecuta proyectos, realiza consultorías y evaluaciones y gestiona servicios de fortalecimiento de capacidades de desarrollo rural en Sudamérica a través de las líneas de: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO e INTERAPRENDIZAJE.

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