La comunidad lleva más de 40 años buscando el reconocimiento como población minera tradicional, mientras que una minera candiense tiene la licencia de explotación.
Los campesinos de la vereda Mina El Alacrán, en el municipio de Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba, denunciaron la operación de la Policía Nacional y miembros del ESMAD en la zona, quienes habrían destruido viviendas y sus herramientas para la extracción de minerales.
Según las denuncias, hasta 15 escuadrones policiales llegaron en la madrugada de este 14 de marzo a la vereda Mina El Alacrán para desalojar que se dedican a la minería, pues al parecer no cuentan con las licencias para realizar esa actividad.
“Nos sentimos solos, las autoridades que deben respaldarnos no lo hacen, no sabemos qué pueda pasar, todo esto es a causa de la empresa Minerales de Córdoba, ahora tienen el pueblo rodeado”, dijo una de las personas afectadas al medio Chica Noticias del departamento.
Según ese informativo, las familias que fueron desalojadas y afectadas por el procedimiento policial han vivido tradicionalmente en ese lugar y se remontan a una población que se estableció desde el siglo XVIII en ese territorio, tradicionalmente minera.
Sin embargo, los Carabineros de la Policía Nacional aseguraron que se trata de una operación en contra de la minería ilegal, porque supuestamente la población es instrumentalizada por los miembros del Clan del Golfo.
“En operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en Puerto Libertador (Córdoba) @PoliciaColombia inhabilita motores en la mina el Alacrán donde la población es instrumentalizada por el Clan del Golfo”, señalaron en su cuenta de Twitter. Así mismo, agregaron que se destruyeron 13 motores y 8 entables empleados para la extracción de minerales en la zona.
Frente a las denuncias, la senadora Victoria Sandino y el senador Antonio Sanguino solicitaron la intermediación de las instituciones y el respeto de los derechos a la tradición minera de la población de Mina El Alacrán.
“Mediante la presente, comedidamente concurro a su despacho para solicitarle que, en el marco de sus facultades, de manera urgente se sirva intervenir ante un procedimiento que en este momento adelanta el Esmad en la mina El Alacrán, ubicada en el corregimiento San Juan del municipio Puerto Libertador en el departamento de Córdoba. Por información de las comunidades que solicitan nuestra intermediación, la Policía Nacional estaría adelantando un operativo de desalojo que afecta aproximadamente cuatrocientas familias que allí residen, inobservando el debido proceso y la garantía de sus derechos fundamentales”, señaló el senador Sanguino.
La carta del congresista del partido Verde estaba dirigida a la procuradora Margarita Cabello y al defensor del Pueblo Carlos Camargo, con el fin de pedir su intermediación en el conflicto y recordar la tradición minera de los habitantes de esa vereda al sur de Córdoba.
La comunidad de El Alacrán lleva más de tres décadas luchando por el reconocimiento como comunidad minera, principalmente a partir del año 2009 cuando dos empresas extranjeras como ASHMONT OMNI S.A.S. y la Compañía Minera El Alacrán S.A.S. recibieron títulos mineros para su explotación.
A raíz de esa disputa judicial, la comunidad agrupada como Asociación de Mineros del Alacrán del Municipio de Puerto Libertador logró la sentencia T-095 del 2015, en la que la Corte Suprema de Justicia pidió protección para la formalización del título minero a la comunidad y la revisión de la Contraloría a los contratos que ya estaban bajo la lupa de la Corporación Autónoma Regional.
“EXHORTAR al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, para que procedan a realizar los estudios concernientes a la formalización de la actividad minera de los miembros de la Asociación de Mineros del Alacrán del Municipio de Puerto Libertador, Córdoba, teniendo en cuenta que los informes de la Defensoría del Pueblo revelan que se trata de una comunidad minero artesanal. Para estos efectos deberá aportarse a la Asociación de Mineros del Alacrán del Municipio de Puerto Libertador, Córdoba”, decidió en ese momento el alto tribunal.
Sin embargo, recientemente Minerales Córdoba, una minera canadiense, recibió en 2017 el título de explotación y desde allí se han vuelto a presentar choques con la comunidad. A pesar de que la empresa extranjera ha ofrecido reubicación e inversión social, los habitantes reclaman su derecho de explotación tradicional. En esa zona del sur de Córdoba, una de las más ricas en minerales del país, confluyen la minería industrial, artesanal y tradicional.
De acuerdo con la Liga Contra el Silencio, Minerales de Córdoba tiene 22 títulos mineros, que contemplan el 11% del total del área de la zona. Esa empresa se concentra como copropietaria de El Alacrán para la explotación de cobre, oro, plata y platino, y tiene el proyecto para realizar la empresa minera a cielo a abierto más grande de Latinoamérica. “Según los cálculos hechos hay una producción estimada de 417 mil toneladas de cobre, 724 mil onzas de oro y 5,9 millones de onzas de plata”, señalaron en la investigación ‘La resistencia del indio’ es caminar por el territorio minero.