Pensamiento crítico en el ámbito socioambiental y territorial de Chile | Land Portal | Protegendo os direitos da terra através de dados abertos

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Outubro 2019
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
IPDRS-Diálogos-250
Pages: 
8
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Copyright details: 
IPDRS

Pensamiento crítico en el ámbito socioambiental y territorial de Chile
 
Alexander Panez Pinto
alexander.panez@gmail.com
Rodrigo Faúndez Vergara
rodrigofaundezv@gmail.com
 

Marco general del país

Un contexto determinado por la trayectoria del poder hacendal en el Valle Central de Chile y la colonización del territorio mapuche en la segunda mitad del siglo XIX. Con la Pacificación de la Araucanía, el Estado desarrolló un proceso de expansión territorial hacia al sur del país, represión física, inferiorización y el despojo de territorios. Las comunidades mapuche quedaron concentradas en reducciones, que sumaban aproximadamente 500 mil hectáreas.
El régimen dictatorial reprimió la osadía campesina de rebelarse contra el poder patronal. La reforma agraria como reestructuración implicó la modernización de la agricultura y mayor integración al mercado internacional. Con la contrarreforma agraria, un tercio de la tierra expropiada fue devuelta a sus antiguos propietarios, otro tercio fue rematado o vendido a empresarios, y el tercio restante fue asignado a campesinos no involucrados en organizaciones o partidos de izquierda.
Se consolidó la propiedad privada del agua y su reconocimiento como un bien económico separado de la tierra, transable en el mercado.
El retorno al gobierno de Sebastián Piñera significó la tendencia a facilitar el proceso de acumulación de capital, y el incremento de la criminalización hacia quienes se oponen. Han aumentado los anuncios de inversión privada en actividades extractivas, destaca el sector minero con un aumento de 971 % alcanzando $4.770 millones y la autorización de proyectos con fuerte impactos socio-ecológicos.
Los movimientos en conflictos de larga duración han profundizado su estrategia de incidencia, han surgido nuevos focos de conflicto por la expansión de monocultivos, se han presentado acciones inéditas de campesinos, y se ha acentuado el conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno.

Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La concentración de la tierra es similar a la existente antes de la reforma agraria (1967-1973). El Censo agropecuario (2007) reflejó la desigualdad en la tenencia de la tierra. Las explotaciones menores a 20 hectáreas, son 75 % del total de explotaciones y concentran apenas 3,9 % de la tierra. Las explotaciones de más de 200 hectáreas, equivalentes a 3,9 % del total de explotaciones y concentran 85,1 % de la superficie plantada.
Al 2018, no se registran avances en el acceso a la tierra para campesinos. De acuerdo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1995 y 2018, 6.833 familias indígenas han sido beneficiadas con subsidios para compras de tierras, lo que corresponde a una superficie de 55.255,55 hectáreas. Entre los años 2010 y 2018 se compraron 24.411 hectáreas, resultando 3.655 familias indígenas beneficiadas. 248 familias indígenas obtuvieron tierras, 1.686 hectáreas de superficie, en promedio 6,7 hectáreas por familia. La compra de tierra se concentró en cuatro regiones, BioBio (29,3 %), Araucanía (19,3 %), Los Ríos (15 %) y Los Lagos (36,4 %); con presencia del pueblo Mapuche.
La Ley Lafkenche (20.249) crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. Entre los años 2009 y 2018, se han decretado 43.619 hectáreas para este uso. Existen cuestionamientos al proceso de adjudicación, por su arbitrariedad y los tiempos de tramitación.

Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Explotación de litio en el Salar de Atacama
La Corporación de Fomento (CORFO) y la empresa Soquimich (SQM) firmaron un acuerdo, que aumentará la explotación de litio en el Salar de Atacama, utilizado para electromovilidad y el incremento de la recaudación fiscal. El Consejo de Pueblos Atacameños exigió la protección del territorio y el derecho a consulta indígena. El Salar está sobreexplotado 2.000 litros de agua por segundo sobre su capacidad de recarga natural. El emprendimiento minero “Pascua Lama” fue clausurado por el primer Tribunal Ambiental, por pedido de campesinos e indígenas diaguita (provincia del Huasco).
Conflicto con el agronegocio frutícola en Petorca, Valparaíso
El aguacate (palta) representa 60 % de la superficie cultivada. El río Ligua está sobre-otorgado en 129 %, y el río Petorca, en 87 % sobre su disponibilidad. El impacto de este alto consumo de agua es el agotamiento de los suelos y el aumento de la erosión. El Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA) internacionalizó la denuncia. Los exportadores y el gobierno criminalizaron estas acciones. Conflictos similares ocurren en la laguna de Aculeo (comuna de Paine), en Panquehue (región de Valparaíso) y Las Cabras (región de O’Higgins) también con la producción de paltos.
Oposición al embalse Punilla en San Fabián de Alico (región de Ñuble)
San Fabián de Alico de la región de Ñuble, amenazada por “Hidroñuble”, que propone construir una central hidroeléctrica y el embalse Punilla que implica inundar 1.700 hectáreas de tierra agrícola y pastoreo campesino. La policía chilena y empleados de la “Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A” (de la empresa italiana Astaldi) desalojaron a 80 familias, sin una solución habitacional. Destaca el protagonismo campesino en su negativa de desocupar sus tierras, así pasó también en el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio).
Conflicto con empresas y reivindicación del pueblo Mapuche
La radicalización del “nuevo movimiento mapuche” coincide con los impactos de las plantaciones de pino y eucaliptus en la disponibilidad de agua, contaminación y pérdida de territorio. El asesinato de Camilo Catrillanca provocó el malestar y solidaridad popular, y ante la ofensiva del Estado las organizaciones Mapuche se unificaron en un “estado de rebeldía”, que a su vez, sumó recuperaciones de tierra, en el sector Butaco y las 20 mil hectáreas de 11 comunidades del lago Lleulleu, en Biobio.
La violencia hacia comunidades como rasgo común en los conflictos
Al sospechoso suicidio de Macarena Valdés (2016), opositora a la instalación de torres de alta tensión en la comunidad Newen-Tranguil en Los Ríos; se sumaron los asesinatos de Camilo Catrillanca y Alejandro Castro de la bahía de Quintero-Puchuncaví. Numerosos defensores/as han sufrido amenazadas de muerte por su lucha contra proyectos extractivos.
 

Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

Ocupación de fundos y lucha con las empresas forestales
Fundo Mundo Nuevo en Curanilahue. 36  familias ocuparon el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio), primera recuperación de tierras en manos de empresas forestales, realizada por grupos no-mapuches.
Marcha plurinacional por el agua y los territorios. En esta sexta versión se desarrolló en 11 de las 15 regiones del país, el día 28 de abril, en el marco del día mundial de la tierra.
Encuentro Wallmapu-Patagonia. En mayo se realizó en Panguipulli, región de los Ríos, entre organizaciones mapuches de Chile y Argentina, orientada a intercambiar información sobre los proyectos extractivistas y asociados a la iniciativa IIRSA-COSIPLAN.
Futa Trawun y Declaración de Comunidades mapuche de Temukuikui. Luego del asesinato de Camilo Catrillanca, en diciembre, organizaciones mapuche se reunieron para exigir la desmilitarización del Wallmapu; verdad en el relato sobre el despojo del Estado hacia el pueblo mapuche; continuar con el control territorial y continuar la ruta de libre determinación.
Encuentro nacional de MODATIMA. En diciembre se realizad el 2° encuentro, decide su agenda 2019 en tres ejes de acción: desmercantilización de la tierra, el agua y la energía.  
IX Tribunal ético en Illapel, Región de Coquimbo. En diciembre, organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), cuestionó la violencia estatal y de las estrategias contra las luchas campesinas.
Impulso a la “Ley de la jibia” (Boletín 9489). Organizaciones de pescadores artesanales y sectores de oposición al gobierno, impulsaron esta ley que permite la captura de este molusco con métodos artesanales.

Propuestas

Propuestas de políticas

Incidencia social en la Reforma al código de aguas

Si bien la reforma al Código de Aguas de 1981 avanzaba en consagrar las aguas como un bien nacional de uso público, el derecho de propiedad sigue suscrito en la constitución. Las propuestas de los movimientos son: Consagrar el Agua como bien común y derecho humano en la constitución. Restituir el agua a la tierra. Establecer prioridades de uso. Nueva institucionalidad hídrica.

b) Propuesta de derogar el Decreto de Ley 701 sobre Fomento a la Industria Forestal

El Decreto de Ley 701, instituido en la Dictadura civil-militar (1974), ha subsidiado a la industria forestal, el grupo Matte, a través de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones; Forestal Mininco; grupo Angelini, entre otras.
Alternativas productivas y de resignificación del territorio

Cooperativa de cultivos tradicionales Andinos Petorquinoa, Valparaíso

Petorquinoa es una cooperativa campesina de cultivos andinos como la quínoa y sus derivados. Los 40 campesinos reestablecen su relación con la tierra y muestran que es posible defender el territorio con cultivos tradicionales de bajo impacto hídrico.

b) Control comunitario de cuencas frente al monocultivo forestal, Catruman, Chiloé, Región de Los Lagos

Una experiencia de restauración ecológica del territorio, mediante manejo de cuencas desde la comunidad. Una red participativa de agua, la reforestación con árboles nativos, la construcción de un humedal artificial, modificando sectores de monocultivo forestal.

Normas

La agenda legislativa se ocupó en la discusión en torno al proyecto de ley de reforma al Código de Aguas. El gobierno se opuso a las limitaciones parciales a la propiedad privada sobre las aguas y resguarda la certeza jurídica a los privados.
Se promovió el proyecto de ley que “Prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad” (2010) y que volvió a ser discutido en el segundo semestre del 2018.
El gobierno, en junio, retiró el proyecto de ley llamado “ley de glaciares” por un proyecto general para crear un sistema de áreas protegidas. El proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para “reducir el componente político” y lograr mayor eficiencia
Aprobación en el senado al reconocimiento constitucional al pueblo Afrodescendiente.

Instituciones

El perfil empresarial de diferentes ministros problematiza su imparcialidad frente a temas agrarios y socioambientales. El ministro de agricultura Antonio Walker, ex presidente de la Federación de Productores de Fruta y empresario agrícola de la región del Maule, posee derechos de aprovechamiento de agua de 20 mil litros/segundo. Otros con este derecho, son el ministro de hacienda, la ministra de energía, el ministro de minería y el ministro de desarrollo social (MODATIMA, 2019).
El embajador de Chile en China (Luis Schmidt Montes), es ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y también presidente de FEDEFRUTA.
Conformación de alianzas público-privadas para políticas públicas bajo la idea de la filantropía privada y la responsabilidad social, como “Compromiso País”, donde varios empresarios promueven el desarrollo de 16 grupos sociales vulnerables, “Personas pertenecientes a pueblos indígenas en el 40% más pobre”, que cuenta con una mesa de trabajo en la que participan 2 representantes del sector privado, uno de ellos, Juan Sutil, empresario frutícola y presidente de la corporación “Reguemos Chile”, para quien la problemática del pueblo mapuche se debe a la falta de políticas de apoyo al emprendimiento en las comunidades y propone convertir a las comunidades mapuche de la Araucanía en “zonas de exportación de fruta”. Otro ejemplo, el “Plan agua para Petorca”, con representantes del ejecutivo y del agronegocio, proponen que el Estado compre derechos de aprovechamiento de agua a empresas agrícolas para garantizar el consumo de agua potable en la provincia o que estas empresas donen sus derechos de agua a los sistemas comunitarios de agua potable rural como medida de emergencia.
 
 
 
*Resumen elaborado en base al Capítulo Colombia del Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://bit.ly/2WFbNKk

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 
Alexander Panez Pinto, Rodrigo Faúndez Vergara
Publisher(s): 

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

El IPDRS ejecuta proyectos, realiza consultorías y evaluaciones y gestiona servicios de fortalecimiento de capacidades de desarrollo rural en Sudamérica a través de las líneas de: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO e INTERAPRENDIZAJE.

Provedor de dados

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

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