El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.
El IPDRS ejecuta proyectos, realiza consultorías y evaluaciones y gestiona servicios de fortalecimiento de capacidades de desarrollo rural en Sudamérica a través de las líneas de: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO e INTERAPRENDIZAJE.
Este documento propone que la gobernanza colectiva de la tierra, otorga derechos y contribuye a reducir las desigualdades al interior de las comunidades y de estas con la población e institucionalidad de su entorno.
Plantea también una revisión exhaustiva de la legislación internacional disponible respecto de los derechos campesinos, los derechos de los pueblos indígenas y la discusión sobre los derechos de la población afrodescendiente.
Construimos una lectura sudamericana sobre el acceso a la tierra y territorio
El presente documento ODS Y DESARROLLO TERRITORIAL. Medición Experimental en el Norte Amazónico de Bolivia es un ejercicio de aplicación rigurosa de ocho de los 17 ODS, en un territorio delimitado, por una parte, para demostrar la utilidad de la medición y, por otra parte, para ejemplificar en la práctica las dificultades que se presentan y las respuestas metodológi- cas que es necesario hacer durante esa aplicación en espacios locales subnacionales.
…en Uruguay, como que la tierra [es] como un lugar del encuentro de todas las tribus,entonces de charrúas, guaraníes, todas las tribus se encuentran acá en Uruguay, y entoncespor eso es una tierra sagrada. Donde antiguamente capaz que no había ni enfermedades, nohabía hambre, porque hay todo y por eso vinieron mucha gente los guaraníes se encuentranacá, se intercambia, por eso hay yerba mate.
Perú: un contexto peligroso para defensores de la tierra y el medio ambiente1
Aldo Santos Ariasaldosanto@gmail.com
1. Marco general del país
Un reto del Estado peruano es garantizar la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas, y los 55 pueblos indígenas, cuyos territorios están expuestos a actividades ilegales o a la superposición de derechos.
