El herido paraíso colombiano | Land Portal
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  • En el Bajo Putumayo 'brotaban' el petróleo y los cultivos. Hasta que llegó la coca y la violencia, y con ellas el drama de los desplazados
  • El Placer intenta superar la 'maldición'

JOSÉ FAJARDO

Valle del Guamuez (Putumayo, Colombia)


A la casa de Andrea Estrada sólo se puede llegar andando, a caballo o en moto-taxi a través de las veredas que recorren los terrenos rurales del Bajo Putumayo. Estas tierras selváticas del sur de Colombia, que hacen frontera con Ecuador, han sido el escenario de algunos de los enfrentamientos más sanguinarios entre las FARC y los paramilitares.


Para esta joven indígena, la tierra significa mucho más que un lugar donde estar: es su alimento y su forma de vida. En 2000 tuvo que escapar de allí por la violencia y se vio obligada a vivir durante una década en la localidad cercana de La Hormiga. "Para un campesino sin estudios la vida lejos del campo se hace muy dura", lamenta.


Cuando regresó en 2010 los tablones de madera de su vivienda seguían en pie. Su periplo es el de otros tantos habitantes del Putumayo que tuvieron que huir entre 1999 y 2006, los años más duros del conflicto en esta zona, y que han ido volviendo como un goteo incesante.


La condena de esta región ha sido su exuberante riqueza natural. Es una tierra que tiene petróleo y donde los cultivos maduran apenas sin ayuda. Hace una década las matas de coca crecían hasta en los jardines de las casas. El próspero negocio ilegal y su situación fronteriza, ideal para evitar el control de las autoridades, atrajo en los 90 a las FARC.


Los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares por el control del comercio de coca convirtieron a este paraíso en una tierra sin ley donde la sangre y los atropellos (extorsión, violaciones y otros abusos diarios) salpicaron a la población civil.


"Hoy parece que estemos viviendo un sueño. Desde que la guerrilla declaró el cese el fuego unilateral el verano pasado, la situación es más tranquila", observa Carlos William Cuarán, un chico de 26 años al que una mina le voló la pierna derecha mientras trabajaba en sus cultivos. "Con la prótesis ya no puedo jugar al fútbol", bromea mientras sujeta a su hijo, un bebé de apenas unos meses.


La firma de la paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, que se ha fijado, en principio, para el próximo 23 de marzo, supondrá mucho más que poner fin a una guerra que ya se alarga medio siglo. Quedará entonces la espinosa tarea de reubicar a todos los que perdieron sus casas y dejaron a sus familias.


"La Ley 1448 de 2011 intenta buscar una solución para esta gente", explica a EL MUNDO Alcelis Coneo, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), un órgano gubernamental que cuenta con 26 sedes y 1.497 colaboradores en todo el país.


Guerrilleros en la jungla


En cinco años ha habido 87.119 solicitudes en Colombia, de las que han sido aceptadas 42.325 (se han restituido 180.457 hectáreas, que benefician a más de 20.000 personas). "Ésta es una de las zonas más complicadas del país, donde la presencia de las FARC es mayor. Hasta hace poco no se podía entrar en algunas veredas", dice Coneo, que apunta hacia el horizonte para explicar que, a cinco kilómetros, en la jungla, todavía permanecen escondidos los guerrilleros.


En el área del Bajo Putumayo, que incluye los municipios de Orito (52.000 habitantes), San Miguel (26.000) y el Valle del Guamuez (50.000), se han registrado más de 150.000 desplazados por el conflicto en las últimas dos décadas. "Históricamente el Gobierno olvidó esta región, quedamos en manos de los criminales", recuerda Tomás Humberto, uno de los favorecidos por las ayudas que ha podido regresar a su casa, donde todavía permanecen los agujeros de las balas en el tejado.



"Hay hombres como éste que no son capaces de contar lo que han vivido porque rompen a llorar", explica a este periódico David Narváez, director regional de la URT. Es lo que sucede con Jesús Portillo y Blanca Ibáñez, una pareja de campesinos que se vio obligada a dejar sus tierras durante 13 años, hasta cruzar la frontera con Ecuador. "Con la sentencia a favor, regresamos en diciembre de 2014", explican entre lágrimas.


"A veces nos encontramos con un problema: no podemos ayudar a los que resistieron y se quedaron, porque los requisitos implican que hubiera un desplazamiento forzado", reconocen desde la URT.


En el departamento del Putumayo, que incluye la zona Alta, Media (donde está la capital, Mocoa) y Baja, se han atendido un 45% de las 3.678 peticiones. Para investigar cada caso invierten unos cinco millones de pesos colombianos (1.350 euros) y cada familia recibe hasta 24 millones de pesos (6.500 euros).


"El programa dura entre dos y tres años y las ayudas consisten en la entrega de viviendas o de crías de animales, la construcción de carreteras y puentes, depósitos de agua, huertos personales y atención psicológica. Cada cual elige lo que prefiere, aunque intentamos asesorarles", aclara David Narváez, que también fue víctima del conflicto.


"Cuando terminé la carrera de Derecho, con 24 años, me destinaron como Defensor del Pueblo en San Miguel. Allí mandaba la guerrilla. Intentaron atentar contra mi vida dos veces: la primera ellos y después los paramilitares, que me pusieron una pistola en la cabeza".



Cuando el periodista le pregunta si aceptaría que los mismos que le amenazaron dejen las armas y se pongan a cultivar el campo al lado de su casa, medita la respuesta. "La reinserción será el gran reto del posconflicto en Colombia. Muchos guerrilleros fueron captados cuando tenían 10 años y ni siquiera conocen las ciudades, toda su vida la han pasado en la selva. Es muy difícil que quieran dejar de ganar toda esa plata y se pongan a cultivar yuca. Pero hay que intentarlo, ¿no crees?".

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