UPA Jaén ha defendido que la PAC debe tener "un reparto más justo y social" y por eso ha reclamado al Ministerio de Agricultura "una convergencia más equitativa y progresista que blinde las explotaciones familiares" de la provincia.
El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha analizado en rueda de prensa el real decreto de transición de las ayudas y la convergencia planteada por el Ministerio. "No vamos a hablar de territorios, vamos a hablar del modelo que hay detrás de las explotaciones. Nos preocupa que pierdan algunos pequeños y medianos agricultores de la inmensa clase media, el modelo que sustenta al sector en nuestra provincia y en Andalucía", ha dicho Cano.
Ha añadido que hablar de forma homogénea de la PAC y de la convergencia es "confundir". "Con nuestros datos, en la provincia Jaén el 40 por ciento ganará con la convergencia, el 10 por ciento se quedará igual y el otro 50 por ciento va a ver disminuidos los recursos", ha dicho el dirigente de UPA.
Dentro de este último grupo, en el que están los que venían perdiendo desde 2015 un seis por ciento anual, solo el 20 por ciento va a ver aumentada esa penalización. "Nosotros solo escuchamos, por parte de la Consejería y de determinados agentes del sector, hablar de los que pierden y no se puede decir de forma categórica que la convergencia sea buena o mala, no es homogénea, no cabe un discurso único", ha dicho Cano.
Ha señalado que en los años 2021 y 2022 están marcados por el periodo transitorio que tiene como objetivo que no se pierdan las ayudas hasta que arranque el nuevo periodo en 2023. "En estos dos años tendremos un reglamento que posibilitará que los agricultores y ganaderos sigan cobrando las ayudas PAC.
A juicio de UPA Jaén, el principal problema es que se ha hecho una aplicación lineal de la convergencia. Al respecto, Cristóbal Cano ha matizado que "en cualquier aplicación lineal, los que más perdemos siempre somos los pequeños y medianos agricultores, porque no es lo mismo aplicar el mismo recorte lineal al que cobra 300.000 euros que al de 3.000".
Por eso, desde UPA se ha instado al Ministerio para que se pongan criterios de discriminación positiva, para que las explotaciones se queden con el mismo ritmo de convergencia teniendo en cuenta el tamaño de la explotación, el valor del derecho y el importe total de ayudas, de forma que "a los que tienen importes absolutamente desproporcionados, esa convergencia les repercuta más".
Por último, ha incidido en que "no se debe variar el foco sobre lo que va a pasar a partir de 2023". Para eso es "fundamental" la negociación de este año, cuando se tiene que terminar, y aprobar por Bruselas, el Plan Estratégico Nacional.